Siete años han tenido que pasar -fue en 2006 cuando se decidió la ubicación de la infraestructura- hasta que los vecinos de Zubieta y aledaños vean desaparecer su pesadilla. Ayer se cerró definitivamente la opción de construir una incineradora en Gipuzkoa, después de que la Diputación, el Consorcio de Residuos (GHK) y la UTE Gipuzkoa CGR -que conforman FCC, Serbitzu Elkartea, Altuna y Uria y AE&E Innova- llegaran a un acuerdo para finalizar formalmente la relación contractual que mantenían. Con ello queda sin efecto el proyecto para la construcción de la macroinfraestructura en Zubieta.

Así lo hicieron saber en una solemne comparecencia conjunta ante los medios en el Salón de Tronos de la Diputación -aunque varios medios lo filtraran minutos antes, dando muestra de la expectación existente en torno al tema-. Participaron la presidenta de GHK, Ainhoa Intxaurrandieta, el diputado de Medio Ambiente, Iñaki Errazkin, y el gerente de las constructoras, Karmelo Aguas. Recordaron el acuerdo firmado el pasado 3 de octubre, en el que las partes establecieron un plazo de dos meses para llegar a un acuerdo sobre la forma de resolver, «de forma consensuada», el contrato que unía a las partes. Sin embargo, mucho antes de que expirase el plazo acordado, el Consorcio y las empresas constructoras de la incineradora han alcanzado el acuerdo.

Por el mismo, GHK tendrá que abonar una indemnización a las empresas constructoras del proyecto, que asciende a la cifra de 8.190.00 euros. De ellos 6.690.000 obedecen al lucro cesante de la parte no ejecutada de la construcción, mientras que los 1.500.000 euros restantes responden al concepto de los cinco primeros años de explotación.

Según aseguraron en la comparecencia de prensa conjunta, el acuerdo ha sido posible «gracias a la buena voluntad manifestada por ambas partes y a la disposición de estas a colaborar por el bien de la ciudadanía de Gipuzkoa».

Moratoria de seis meses

Fue en 2006 cuando el entonces alcalde de Donostia, Odón Elorza, aceptó la propuesta hecha por la Diputación y las mancomunidades y aprobó que la incineradora fuera ubicada en Zubieta. Aquella decisión acarreó una gran respuesta popular, hasta el punto de que los zubietarras convocaron una consulta popular para dar su opinión al respecto. La consulta tuvo una participación del 62,6%, y solo se contabilizó un voto a favor de la incineradora.

Ya en 2008, el Consejo de Administración del Consorcio -entonces controlado por el PNV- aprobó sacar a concurso el proyecto para la construcción de la incineradora, aunque hasta 2011 no fue adjudicada. Fue el grupo formado por FCC, Serbitzu Elkartea, Altuna y Uria y AE&E Innova quien se hizo cargo de la puesta en marcha y explotación de la incineradora de Zubieta por un importe de 223,4 millones de euros más el IVA. La adjudicación del proyecto contemplaba asimismo la explotación del complejo durante cinco años por 5,4 millones, otros 4,1 euros por cada tonelada incinerada, y un coste de reposición y mantenimiento de 3.556.200 euros máximo de media al año durante el primer lustro.

El punto de inflexión de este proyecto lo marcaron las elecciones municipales y forales de 2011, cuando Bildu irrumpió con fuerza siendo primera fuerza política en Gipuzkoa. A partir de ahí cambiaría todo en cuanto a la incineradora, dada la férrea oposición de la coalición independentista a dicho proyecto. Ya en el marco de los presupuestos para 2012, Bildu pactó con el PNV una moratoria de seis meses, con el fin de conceder margen a todas las partes para «consensuar una solución» sobre la gestión de residuos, si bien Bildu ya dejaba muy claro que en su opinión la incineradora «es quemar dinero, independientemente de su tamaño».

Alduntzin, «swap» y angulas

Más de una tormenta política ha causado el proyecto de la incineradora y sus entresijos en todo este tiempo. Como botón de muestra queda la moción de censura que PNV, PSE y PP consumaron contra Juan Karlos Alduntzin cuando este era diputado de Medio Ambiente. La mezcla entre el apoyo a la incineración y la necesidad de atacar a Bildu hizo que la oposición de las Juntas Generales obligara a que Alduntzin dejara su puesto, y con ello la primera línea de la política. Fue Iñaki Errazkin, actual diputado de Medio Ambiente, quien le sustituyó en el cargo.

Otro bombazo informativo relacionado con la incineradora fue el dato que reveló un informe jurídico sobre la financiación del plan de gestión de residuos de Gipuzkoa, al que tuvo acceso GARA. En él se informaba sobre un producto especulativo -el polémico swap- contratado a todas luces para blindar el proyecto de la incineradora y que causó unas pérdidas patrimoniales de 5,7 millones de euros desde el mismo momento de la firma. Ese contrato fue firmado por el entonces diputado de Medio Ambiente y presidente de GHK, Carlos Ormazabal (PNV), y el director del Consorcio, Joxi Etxezarreta, quienes aprobaron estos compromisos con las entidades bancarias sin informar al Consejo de Administración.

Al día siguiente de informar sobre el swap, GARA reveló datos sobre el despilfarro de dinero público. Y es que aquella dirección de GHK pagó una comida y una cena el 3 de febrero de 2011 para «celebrar» el acuerdo de financiación de la incineradora. La cuantía ascendió a 2.860,65 euros. A comer se sentaron, entre otros, el entonces diputado general, Markel Olano (PNV), acompañado por los citados Carlos Ormazabal y Joxi Etxezarreta, y el director foral de Medio Ambiente, Javier Zarraonandia.

Pero la gota que colmó el vaso fue constatar que el proyecto no cumplía la normativa medioambiental exigida en su día por la Viceconsejería de Medio Ambiente de Lakua, hecho que llevó al Consorcio a paralizar las obras de construcción de la incineradora en Zubieta.