La Procuraduría General de Brasil la pedido al Supremo Tribunal la ejecución inmediata de las penas de 23 de los 25 condenados por las graves corruptelas denunciadas en 2005, durante el primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Según el procurador general, Rodrigo Janot, aunque esos 23 reos tienen derecho a una nueva evaluación de la decisión judicial por uno de los delitos por los que han sido sentenciados, pueden comenzar a cumplir su pena por otras condenas relacionadas con el mismo caso.