Juanjo BASTERRA

Trabajadores de Incoesa acusan a Urkullu y Bilbao de inhibirse

Los trabajadores de Incoesa aseguraron ayer que mantendrán «la lucha hasta el final». Denunciaron, tras finalizar el periodo de consultas del concurso, que el Gobierno de Gasteiz está presionándoles para que firmen el cierre de la empresa de Bedia. Critican que se han dado casi 2 millones en ayudas públicas a la empresa y «se va con el apoyo del Gobierno». Exigieron, por otro lado, a Diputación que agilice el expediente de deslocalización para impedir su marcha.

Los trabajadores de Incoesa, de Bedia, denunciaron ayer la «inhibición» del Gobierno de Gasteiz, que preside Iñigo Urkullu, y de la Diputación de Bizkaia, dirigida por José Luis Bilbao, ante la decisión de la familia Arteta, dueña de la empresa, de cerrar la planta vizcaina para trasladar la producción a Cáceres y Soria.

Desde el pasado 27 de mayo los trabajadores se encuentran en huelga. En Bilbo, destacaron ayer que «mantenemos nuestra intención de continuar con el plante hasta conseguir que la dirección dé marcha atrás». Porque, como explicaron Iñigo Errekagorri y Jorge Marco, trabajadores de la empresa, «no nos cansaremos de repetirlo: la dirección de Incoesa quiere dar el cierre y deshacerse de toda la plantilla lo más barato posible». Ariane Elejabarrieta y Juankar Vizán, en su última rueda de prensa como responsable de LAB en la comarca, explicaron que el pasado 30 de octubre acabó el período de consultas del concurso de acreedores.

«Terminó sin acuerdo, ya que la asamblea de trabajadores decidió mantenerse en la defensa del empleo en Bedia», explicó Elejabarrieta. Sin embargo, Vizán criticó la decisión de la empresa, que trabaja en un 60% con pedidos del grupo Iberdrola, porque «mantiene el cierre y quiere llevarse el trabajo fuera de Bizkaia».

Extremadura y Soria

En realidad, la empresa propuso «dar de alta aquí a una decena de trabajadores para montar transformadores hechos en Extremadura, un plan de prejubilaciones para otros ocho compañeros y para los 26 restantes, una indemnización y traslado a las plantas de Soria y Extremadura», precisó Errekagorri. Por su parte, Marco añadió que «no queremos dinero, queremos nuestros puestos de trabajo. Queremos una solución para la totalidad de la plantilla y eso solo pasa porque se quede la actividad productiva en la planta de Bedia», puntualizó.

La representante de LAB Ariane Elejabarrieta indicó que «rechazamos que se nos pretenda chantajear para que firmemos un acuerdo que signifique el cierre de la fábrica». En este encuentro con los medios de comunicación explicaron que «vamos a luchar hasta el final. Sabemos que si todos los agentes implicados: Gobierno vasco y Diputación de Bizkaia ponen de su parte, esta empresa no cierra. El tejido industrial de nuestro pueblo se destruye, necesitamos dar futuro a nuestros hijos e hijas», indicaron. Criticaron que los mediadores del Gobierno de Gasteiz han validado esa propuesta que se exigía a los trabajadores firmar el cierre de la planta de Bedia. «Fue nuestra sorpresa» y denunciaron que «es una irresponsabilidad de un Gobierno que dice estar defendiendo el tejido productivo de este país». Se preguntaron cómo puede ser «nos presionen para avalar la deslocalización» y denunciaron que el Gobierno ha entregado casi 2 millones en ayudas económicas a ese grupo empresarial «que decide deslocalizarse y en vez de impedir su marcha, nos presiona a nosotros para que les dejemos marchar tranquilos en esta huida».

Exigieron a la Diputación de Bizkaia, por otro lado, que dé a conocer las conclusiones sobre la deslocalización.

La plantilla de TS Fundiciones rechaza el plan de la dirección

Los trabajadores de TS Fundiciones de Zestoa expresaron ayer su rechazo al plan de viabilidad presentado por la dirección que plantea el despido de 50 empleados -hasta quedar en 110-, una bajada de salarios de 25%, un aumento de la jornada de 100 horas y la flexibilización del calendario. En opinión del comité de empresa, la propuesta es «inaceptable» y la califica de «chantaje», ya que, en caso de no ser aceptada antes del próximo día 20, la dirección ha anunciado el concurso de acreedores y el cierre de la planta. Los trabajadores, que sospechan que los propietarios quieren cerrar la factoría, han decidido seguir trabajando y exigen que se respete el acuerdo que firmaron en enero. Además, han decidido movilizarse por lo que han convocado una manifestación de protesta para el sábado (13.00 horas) en Zestoa.

Por su parte, la dirección de TS Fundiciones, que hizo público el martes el plan de viabilidad, una vez que el lunes la Junta General de Accionistas decidió darle el visto bueno, considera que su aceptación por la plantilla es indispensable para salir de la situación de preconcurso y «poner la empresa al nivel de los competidores europeos y mantener la actividad industrial que permita una recuperación a medio plazo».

La dirección de TS pretende poner en marcha el plan en los próximos días, ya que «la inestabilidad y conflictividad de los últimos meses han hecho que los clientes estén analizando la actual situación y si TS Fundiciones no les da la tranquilidad necesaria buscarán otros proveedores alternativos», señala en un comunicado. GARA