Daniel Gonzalez, Maritxu Bolinaga
Eleak Mugimendua
GAURKOA

Con los «tartalaris», con la obediencia

Ante el próximo juicio a los «tartalaris» y en el día de la manifestación nacional convocada en su defensa, los autores reflexionan sobre las políticas de excepción que inspiran aberraciones jurídicas como la citada y que constituyen una gravísima amenaza «muy presente y con mucho futuro» para todas las personas. Frente a esas políticas, analizan la desobediencia -a qué es lícito desobedecer- y la obediencia -quién la debe- de los «tartalaris» a quienes muestran «su admiración más dulce».

El lunes 18 de noviembre, cinco miembros del movimiento Mugitu! serán juzgados por su dulce acción contra Yolanda Barcina. Para hoy sábado ha sido convocada una manifestación nacional en defensa de las personas imputadas y en contra del Tren de Alta Velocidad, y como otros tantos agentes, desde el movimiento Eleak nos sumamos a la convocatoria. Creemos que el caso «de los tartalaris» da para unas cuantas reflexiones.

Gorka, Ibon, Julio y Mikel, serán juzgados bajo una legislación de excepción en tribunales de excepción, ambas expresiones concretas de una política de excepción global y generalizada en nuestro pueblo. Juzgados en noviembre de 2013 por una acción desobediente realizada en octubre de 2011 en defensa de «Ama Lurra». Un entartamiento que en el Estado francés no ha supuesto siquiera la apertura de procedimiento alguno merece en Euskal Herria, en un contexto donde toda violencia política que no provenga de la administración ha desaparecido hace ya tiempo, una pena de cárcel de entre 5 y 9 años al parecer del Estado español y de Yolanda Barcina.

Esto nos demuestra al menos que: las políticas de excepción no son un problema de la izquierda abertzale (aunque fuesen desarrolladas ex professo para actuar contra ella), sino de todas las disidentes de uno u otro ámbito; las políticas de excepción no inciden únicamente en el conflicto nacional (aunque fuesen pensadas ex professo para ahogar el independentismo en represión), sino en toda expresión popular o conflicto que pretenda cuestionar el statu quo de los poderosos; las políticas de excepción no representan la resaca presente de un problema pasado, mal digerida pero condenada a desaparecer, sino un gravísimo problema presente para todas las personas que pretendemos una sociedad más justa. Muy presente y con mucho futuro si no lo evitamos. Lás lógicas de excepción no desaparecen del escenario del conflicto nacional, por una parte, y sí se expanden a nuevos conflictos sociales por otra (huelgas, movimientos antideshaucios...). Visto que la supuesta excepcionalidad es norma, hay quien habla directamente de política de excepción permanente.

En esto que nos venden como crisis, pero que bien se podría entender como un ataque organizado para imponer una mayor injusticia en la distribución de la riqueza social -que ya antes era tremendamente injusta-, se impone la percepción de que los estados y la administración en general están debilitándose. Lo «público» estaría en retirada camino a la desaparición, en beneficio de lo «privado». No es esa la verdad, no toda la verdad al menos. Es cierto que en lo que respecta a los servicios sociales, al gasto social o a la satisfacción de necesidades básicas lo público retrocede y avanza lo privado -o, simplemente el desierto social y el desamparo-. Pero no en otros ámbitos.

No, por ejemplo, en el del TAV, que sería insostenible sin el flujo masivo y constante de dinero público -a bolsillos privados-. En lo que respecta a las partidas represivas también lo público se nos muestra saludable, no se intuye retirada ninguna. Centremos la mirada en los presupuestos destinados por las distintas administraciones a salud, educación o cultura por una parte, y a gasto militar y policial por otra. Veremos cómo la afición a la tijera de nuestros gobernantes no afecta a estos últimos. Precisamente, es para poder imponer los recortes y las nuevas injusticias garantizando la debida paz social, para lo que se mantienen los gastos represivos y se desarrollan políticas de excepción que derogan por ley nuestros derechos civiles y políticos.

Cambiando de tercio, denominamos a estos activistas en defensa de «Ama Lurra» y en contra del TAV como desobedientes a la ley. Parecería que ello convierte a sus enemigos en obedientes a la misma. Al hablar de desobediencia, tendemos a hablar representando dos bandos: por una parte quienes desobedecemos o al menos pretendemos abrir posibilidades para ello; por otro quienes obedecen y quieren obligarnos a obedecer. Nada más lejos de la realidad. Simplificando mucho, dos bandos haberlos haylos, pero los que nos diferencia a unas y otros no es la opción inequívoca de cada cual por la desobediencia y por la obediencia respectivamente. Son precisamente esos pretendidos obedientes a las reglas de juego democráticas y a las leyes, esos que criminalizan la desobediencia de las personitas de a pie y del movimiento social, quienes más, a mayor escala y con mayor eficiencia practican la desobediencia. En términos generales, a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que firman sin siquiera sonrojarse, a sus programas electorales o a las obligaciones fiscales por ejemplo. En el caso del TAV, a la propia normativa medioambiental sin ir más lejos.

No parece por lo tanto que lo que nos distingue sea el practicar la obediencia o la desobediencia. La diferencia estaría más bien en la manera de entender quién debe obediencia a quién y a qué es lícito desobedecer. Quienes se encuentran en las alturas de nuestra sociedad piramidal, dan por supuesto que les debemos obediencia. En ese afán nos imponen leyes y normas, que los de abajo debemos obedecer obligatoriamente, dócilmente, pero que se desobedecen en mayor grado a nivel que ascendemos en la escala social. Sin miedo a represalias por supuesto. De abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, obediencia, docilidad y resignación. De arriba hacia abajo y de derecha a izquierda desobediencia, imposición e impunidad.

Algunas de quienes estamos aquí abajito ,en cambio, entendemos que la obediencia, en todo caso, se la deberemos a las normas y principios que nos demos entre todas y a lo que consideremos justo (por desgracia, desobedecemos muchos principios justos que nos gustaría obedecer; obedecemos muchas injusticias que desearíamos desobedecer)

La telaraña de leyes que nos ata a día de hoy está muy lejos de haber sido debatida y acordada entre todas. Más lejos aun de ser justa. ¿Cuándo se ha posibilitado por parte de las clases gobernantes debate social alguno en torno al TAV y al resto de macroproyectos desarrollistas? ¿Cuándo, el de cualquier otro aspecto fundamental de nuestra sociedad?

Los compañeros de Mugitu! son desobedientes, por supuesto. Han desobedecido a la imposición, a las leyes injustas o a la aceptación resignada de «lo que hay». Pero también son disciplinados obedientes. Han obedecido a lo que consideran justo, a lo acordado en sus debates, a lo reivindicado en público. Y, por supuesto, a diferencia de nosotras, han obedecido a esa ansia compartida, nacida de lo más hondo, de entartar a Barcina y a tantos otros. Gracias por aquellas impagables imágenes. Desde Eleak, nuestra admiración más dulce a sus desobediencias, y a sus obediencias.

A contrarreloj, unas últimas palabras para el proyecto de Ateak Ireki, para nuestras amigas de Ateak Ireki. Toda nuestra solidaridad ante esta nueva agresión. Felicidades por vuestro trabajo de estos últimos años, por ser la voz del movimiento popular, y gracias por habernos cedido la palabra en tantas ocasiones y con tanta predisposición. Nos seguiremos encontrando en las calles y en la red.