El PCCH anuncia una ambiciosa reforma en derechos humanos
El PCCH ha esperado cuatro días tras su plenario para concretar la reforma que otorgará un «papel decisivo» al mercado y para anunciar avances en derechos humanos como el cierre de los «campos de trabajo», la relajación de la política del hijo único o la reducción de las condenas a muerte. En materia social anuncia un lento y controlado desmantelamiento de su rígido sistema de permiso de residencia (hukou).
El Gobierno chino desveló ayer una serie de espectaculares medidas de reforma en materia de derechos humanos que van desde la flexibilización de la política del hijo único hasta el fin de los «campos de reeducación por el trabajo», pasando por la reducción de los delitos castigados con la pena de muerte y la lucha contra la tortura.
Estas reformas, las más audaces desde la llegada hace un año al poder de la Quinta Generación, fueron anunciadas cuatro días después de la clausura del Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh).
Pekín anunció la relajación de la política de control de nacimientos, puesta en marcha en 1979 con el objetivo de conjurar los riesgos de la superpoblación en un país que cuenta ya con más de 1.300 habitantes para su supervivencia económica.
Así, autorizará a las parejas uno de cuyos miembros sea hijo único a tener dos descendientes, según anunció la agencia oficial.
Hasta ahora, la ley china admitía como excepción a las parejas cuyos dos miembros no tuvieran hermanos. Las excepciones para las minorías étnicas y para las parejas campesinas cuyo primer descendiente sea una niña seguirán vigentes.
Destinada a limitar el crecimiento exponencial de la población china, sus detractores han criticado una aplicación brutal con esterilizaciones forzosas o la imposición de abortar a mujeres en estado de gestación muy avanzado.
Envejecimiento de la población
Asimismo, critican su contibución al desequilibrio hombres-mujeres (118 niños por 100 niñas nacidos en 2012), sin obviar el trastorno social de esta medida de control.
Más allá de cuestiones de derechos humanos, los expetos chinos venían advirtiendo del envejecimiento de la población.
La población china en edad de trabajar bajó en 2012 por primera vez en muchos decenios.
Fin de los campos de trabajo
Pekín ha anunciado asimismo la abolición del sistema de «campos de reeducación por el trabajo» (laojiao).
Creado en 1957 por Mao Zedong para reprimir a la pequeña delincuencia, sus detractores denuncian que una simple decisión policial condenaba a hasta cuatro años de trabajos forzados en estos campos sin aval judicial alguno. Asimismo, critican su utilización por las autoridades locales contra críticos a su gestión, contra internautas o simples «peticionarios» por intentar denunciar la corrupción local ante el Gobierno.
Un informe de la ONU de 2009 cifró en 190.000 las personas detenidas en este tipo de campos, sometidas a largas jornadas de trabajo forzoso.
Los llamamientos a su supresión se habían multiplicado en los últimos años tras la difusión de varios casos muy mediáticos y el mismo Parlamento chino abogó por su derogación en 2005. El primer ministro, Li Keqiang, avanzó su reforma en la primavera pasada.
En la misma línea, el PCCh anunció la retirada «gradual y por etapas» del número de delitos castigados con la pena capital. Estimaciones occidentales elevan a 4.000 las ejecuciones anuales. Finalmente, el plenario del Comité Central se comprometió a luchar contra la práctica de la tortura y de los malos tratos a los detenidos.
Las firmas estatales reembolsarán más al Estado y entreabrirán sus puertas al capital privado
Tal y como avanzó la agencia oficial tras la clausura del plenario, el Gobierno chino regulará el poder de las empresas estatales en la economía. Y lo hará en dos planos.
Por un lado, los grupos empresariales estatales, que controlan los sectores estratégicos, verán reducido su margen de maniobra. «De aquí a 2020 deberán entregar el 30% de sus beneficios al Gobierno, contra un ratio actual que va del 5 al 15%», anunció la agencia, que concretó que «parte de su capital será transferidos a los fondos de la seguridad social», bastante menguados en los últimos años.
Al reducir la colosal liquidez de las 113 grandes empresas estatales, los expertos esperan que gestionen sus inversiones de una manera más eficaz y que moderen sus ingentes capacidades de producción, un mal endémico
Por otro lado, el Partido concretó ayer los guiños al sector privado. «Las firmas cde capital no público serán autorizadas a tomar parte en proyectos» iniciados por las empresas estatales, señaló la agencia, sin precisar en qué proporción.
En la misma línea, el Gobierno permitirá el establecimiento de bancos de tamaño modesto con «capital privado cualificado», si bien no especifica si incluye también capital extranjero. Hasta ahora solo un puñado de bancos privados extranjeros están autorizados, bajo estrictas condiciones, a operar en China.
Finalmente, el PCCH ha mostrado su voluntad de acelerar la liberalización de las tasas de interés, así como a la libre convertibilidad del yuan.
Esta última se hará efectiva en la recién inaugurada zona franca de Shanghai, aunque el Gobierno ha mostrado su intención de crear nuevas zonas francas y extender sus reformas de forma experimental a otros territorios. GARA
Reforma del hukou, pero control estricto de la población de las urbes
China acelerará la reforma del sistema del hukou, el actual permiso de residencia.
El hukou restringe el éxodo a las ciudades al impedir el acceso a servicios básicos como la educación o la sanidad en lugares que no sean el de nacimiento.
Para «ayudar a los campesinos a convertirse en ciudadanos urbanos», se pondrán en marcha «requisitos razonables» aunque se controlará «estrictamente» el tamaño de la población en las megalópolis.
Asimismo, se compromete a fortalecer la red de ayuda para los menores que se quedan en las zonas rurales, normalmente atendidos por sus abuelos GARA
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