El juicio contra cuatro miembros de Mugitu! acusados de lanzar varias tartas a Yolanda Barcina durante una protesta contra el TAV, llega el lunes a la Audiencia Nacional española. Gorka Ovejero, Ibon García, Julio Villanueva y Mikel Álvarez se enfrentan a penas de entre cinco y nueve años de cárcel dentro de un procedimiento que se alarga desde el 27 de octubre de 2011.

Desde entonces, si algo ha quedado claro es, como plantea el abogado Gonzalo Boyé, el «afán de revancha» de Fiscalía y acusación particular, ejercida por la propia Barcina. Tres días antes de que los cuatro se sienten en el banquillo, el colectivo de oposición al TAV ha convocado una marcha en Iruñea, que partirá hoy a las 17.30 del Parque de Antoniutti. «El proceso de los tartalaris supone un endurecimiento absoluto de los mecanismos punitivos para criminalizar la contestación social y las opciones de desobediencia civil», denunció ayer la activista de Mugitu! Helena Bengoetxea.

«Todo es desproporcionado. La Justicia española se parece más a la de Irak que a la de Europa», señaló Boyé, que recordó el caso de Muntazer Zaidi, periodista iraquí que lanzó dos zapatos al expresidente estadounidense y fue condenado a tres años de cárcel. «A todo Occidente le pareció una barbaridad», señaló.

En el caso de los «tartalaris» esta petición se dispara hasta los nueve años de prisión que llega a solicitar la acusación particular (cinco, en el caso de la Fiscalía). En contraposición, diversos líderes en el Estado francés, Suiza, Bélgica o Gran Bretaña han recibido tartazos y esas protestas se solventaron, en todo caso, con multas.

«Estamos ante un despropósito», remarcó el abogado, quien resaltó que en el proceso se trataría de un «hecho juzgado», ya que la acción se desarrolló en Toulouse y los jueces franceses descartaron investigarla por considerar que carecía de fundamento. Pese a ello, la Policía Foral realizó una operación paralela. «El hecho de que investiguen unos hechos que afectan a la propia presidenta de Nafarroa (es decir, a su superior directa), es un acto cercano al nepotismo», denunció.

Los agentes se escudaron en el hecho de que el supuesto delito había sido cometido por personas con pasaporte español en territorio del Estado francés para poder llevar a cabo su propia investigación. «El problema no son los tartazos, sino el TAV. La destrucción del entorno, el despilfarro y la negación de participación social», denunciaron ayer los miembros de Mugitu!