Los trabajadores de la limpieza de Madrid pusieron fin ayer a la huelga que venían desarrollando desde hace 13 días después de que las empresas concesionarias se viesen obligadas a retirar un ERE que preveía 1.134 despidos y una rebaja del 40% del salario. El acuerdo entre sindicatos y empresas adjudicatarias (OHL-Ascan, FCC y Sacyr-Valoriza) fue refrendado ayer por los empleados, reunidos en asamblea. Finalmente, la protesta logró echar atrás los planes de las compañías y, en lugar de los despidos, se pondrá en marcha un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de 45 días al año hasta 2017, además de bajas voluntarias con una remuneración de 28 y 29 días por año trabajado, y excedencias a 5 y 10 años con indemnizaciones que serán, respectivamente, del 50% y del 75% del salario bruto, según informaban ayer las agencias españolas.

No obstante, y al margen del conflicto laboral concreto, la movilización ha simbolizado las consecuencias de las políticas privatizadoras de los sucesivos gobiernos del PP. También han vuelto a ubicar al Estado español en las portadas de los medios internacionales, al tiempo que la ya de por sí erosionada gestión de la alcaldesa, Ana Botella, se desprestigiaba todavía más. El acuerdo llegó después de que el Consistorio, en una dudosa actuación que los sindicatos denunciaron como «ilegal» por vulnerar el derecho a huelga, recurriese a la empresa pública Tragsa para sustituir a los trabajadores que secundaban la protesta.

La alcaldesa de Madrid valoró que la huelga haya finalizado sin despidos, cifró en medio millón de euros los daños en el patrimonio durante el paro y pidió la redacción de una ley de huelga que ponga freno a «los perjuicios que sufren los ciudadanos» y que impida «el incumplimiento sistemático de los servicios mínimos que afectan a servicios públicos esenciales».