Las diferentes salas de la Audiencia Nacional española asumieron ayer el proceso de excarcelaciones derivado de la aplicación de la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que desactivó la denominada «doctrina Parot». Lo hicieron poniendo en libertad a tres presos vascos (Juan Carlos Arruti, Luis Mari Lizarralde e Iñaki Rekarte, estos dos últimos acogidos a la denominada «vía Nanclares») y extinguiendo la responsabilidad penal a José Manuel Pérez de Nanclares, preso que se encontraba en libertad y que también se acogió al modelo desarrollado en la cárcel de Gasteiz. También puso en libertad a Jaime Simón, preso de los GRAPO. Estas primeras liberaciones ordenadas desde las secciones llegan después de que el pasado jueves el pleno de la Sala de lo Penal de la AN decidiese por unanimidad que no volvería a reunirse en los casos en los que la Fiscalía abogase por poner fin al alargamiento de la pena. Está previsto que los que abandonen las cárceles sean más a lo largo de los próximos días ya que el Ministerio Público emitió ayer la petición para excarcelar a nueve presos vascos (entre los que se encuentran los tres anteriormente citados). Mientras, en el Congreso español y en la línea mantenida por la administración, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, asumía que Madrid debe acatar el fallo del TEDH «por muy doloroso que sea».

Con la excarcelación ordenada ayer de Arruti, Lizarralde y Rekarte ya son 27 los presos vascos que han recuperado la libertad desde que los jueces europeos desactivasen la «doctrina 197/2006». No obstante, el primero de ellos no abandonó todavía la prisión ya que tenía pendiente cinco días de castigo suplementarios. No obstante, estaba previsto que hoy mismo se cumpliese el trámite y pudiese ser excarcelado. Con este caso se repite una situación similiar a la de Jon Aginagalde, a quien las autoridades carcelarias le alargaron la estancia en prisión tres días más a causa de 15 días por una supuesta falta.

A los tres presos cuya excarcelación ordenó ayer el tribunal especial deberían de seguirles Juan Jose Zubieta Zubeldia, Jesus Mari Zabarte Arregi, Xabier Goldaraz Aldaia, Maitane Sagastume Arrieta, Jokin Urain Larrañaga y Jose Etxeberria Pascual. Para todos ellos, cuyos expedientes se encuentran en tres salas diferentes de la Audiencia Nacional, la Fiscalía pidió también la libertad. Además, el Ministerio Público reclamó también que abandonen la prisión los prisioneros de los GRAPO Guillermo Vázquez Bautista, María Jesús Romero Vega y Encarnación León Lara. Según fuentes jurídicas, estas podrían darse hoy mismo, ya que el único trámite pendiente es que los magistrados estudien el expediente y confirmen que se aplica el fallo de Estrasburgo.

Contrario, pese al primer fallo

Después de que el Tribunal Supremo dejase claro la semana pasada que la sentencia de los jueces europeos afecta a todos aquellos presos que fueron condenados antes del 28 de febrero de 2006, el debate jurídico suscitado en diferentes ámbitos del Estado sobre la posibilidad de incumplir el fallo o buscar subterfugios se ha venido abajo. Así lo reconoció ayer el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, durante una comparecencia en el Congreso español donde explicó, precisamente, la posición del órgano que dirige acerca de la «doctrina Parot». Frente a los diputados, reivindicó su papel en la promoción y aplicación del alargamiento artificial de las penas, incluso después de que Estrasburgo diese la razón a Inés del Río en julio de 2012. «Nuestra posición no varió», destacó.

Pese todo el despliegue español, la Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos volvió a dar la razón a la presa de Tafalla. Y ahí, según el propio fiscal, ya no había margen para el Estado, cuyos principales órganos judiciales han ido, uno por uno, asumiendo las tesis de los jueces europeos y procediendo a las excarcelaciones. En este sentido, tras reconocer que había que «acatar» a pesar de las posiciones contrarias que generan en el Estado español, Torres Dulce entró al detalle jurídico al que se ha aferrado la magistratura española: que Estrasburgo no ha tumbado la «doctrina 197/2006» sino su aplicación «retroactiva». Sin embargo, tuvo que asumir que la incidencia de esa maniobra (es decir, considerar que en casos juzgados a partir de febrero de 2006 pero con el código de 1973 todavía se pueden alargar las condenas), en caso de que fuese posible llevarla a cabo, sería «ínfima».

Las maniobras del fiscal

Tampoco ahorró explicaciones a la hora de asegurar que Fiscalía todavía intentó un último ardid para mantener en prisión a quienes ya habían cumplido las condenas. Concretamente, hizo referencia al nuevo cómputo propuesto por el Ministerio Público hace dos semanas y que no fue tomado en consideración por los jueces. «Hemos analizado y explorado complementariedades o límites, sin que lo estimasen los tribunales», reconoció, insistiendo en que «hemos sido claros y tajantes». No obstante, después de que el TS abogase la semana pasada por aplicar íntegramente el criterio de Estrasburgo y descartarse subterfugios, los fiscales comenzaron a solicitar la libertad en todos los recursos, apoyándose en aquel acuerdo. Cabe recordar que el Fiscal General del Estado es nombrado directamente por el Gobierno, por lo que representa sus intereses. Durante el mes que ha transcurrido desde que los jueces europeos dieron la razón a Inés del Río, esta posición ha venido condicionada por la actuacion de grupos como la AVT, que instaban, sin lograrlo, a que el Ejecutivo ordenase desobedecer.

Según reveló ayer, él mismo presidió una reunión en la que se acordó el criterio a seguir ante el fallo de Estrasburgo (basado en el intento fallido del nuevo cómputo). Un encuentro al que también acudieron el teniente fiscal del Tribunal Supremo, y los fiscales jefes de la Audiencia Nacional y del Tribunal Constitucional. No obstante, sus sugerencias no recibieron el aval de los jueces. Después de parapetarse tras ellos, Torres-Dulce también quiso defenderles y, frente a las críticas del lobby ultra representado por la AVT, que ha cuestionado la supuesta «celeridad» con la que se produjeron las excarcelaciones, el fiscal consideró que la aplicación del fallo europeo «no puede entenderse como mecánica o apresurada».

Mentiras del GAL sin respuesta

Durante el turno de intervenciones, ERC y PNV fueron quienes más afearon al fiscal las abiertas críticas a la decisión de Estrasburgo. De hecho, Emilio Olabarria recordó que los jueces europeos pusieron en marcha una comisión de seguimiento para garantizar la ejecución de la sentencia, algo extraordinario según el jelkide. No obstante, quien fue más allá, aunque en sentido contrario fue Rosa Díez, quien consideró que la aplicación del fallo del TEDH relacionado con la ilegalización de Batasuna debería permitir también dejar fuera del sistema político a Sortu. Un planteamiento que ni siquiera fue compartido por el propio Torres-Dulce. En lo que todos coincidieron fue la obligación de cumplir las leyes.

Sobre lo que tampoco se posicionó el Fiscal fue en torno a las mentiras que Madrid relató al TEDH acerca de Ismael Miquel Gutiérrez, considerado último preso de los GAL y que el Abogado del Estado afirmó que sería liberado si se derogaba la doctrina pese a saber que gozaba de permisos desde 2002, tal y como reveló GARA. «Lo desconozco», fue su respuesta.

Ahora que las salas ya han comenzado a excarcelar, el proceso de liberaciones vendrá determinado por la agilidad de Fiscalía y magistrados a la hora de resolver los recursos.