UPyD y UPN escenificaron ayer su competencia por el espacio ultra en relación a Euskal Herria. Los primeros, con una moción que pretende negar el subsidio por desempleo y la posibilidad de acceder a cargos públicos para los presos que «no se arrepientan ni colaboren con la Justicia ni paguen las indemnizaciones». Los segundos, con el anuncio de futuras iniciativas sin concretar para evitar lo que su diputado, Carlos Salvador, calificó de «uso perverso de la educación» de Nafarroa por parte de la izquierda abertzale.

Además de buscar el aplauso de los sectores ultras con iniciativas de dudoso recorrido más allá de los titulares, ambas iniciativas comparten su origen en informaciones periodísticas. La propia Rosa Díez explicó hace tres semanas que su propuesta se ideó tras leer en los periódicos que Inés del Río podía, como cualquier persona que abandona la cárcel, tenía derecho a acceder al subsidio. Salvador, por su parte, dio ayer una rueda de prensa en la que se limitó a dar cuenta de un artículo de «Diario de Navarra» que hacía referencia a un supuesto informe de la Guardia Civil. Para hablar sobre este tema, el diputado navarro llegó a reunirse por la tarde con Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, sin ofrecer más detalles que una fotografía sobre el encuentro.

«No podemos permitir a los enemigos de la democracia que se aprovechen de ella», fue la proclama lanzada desde el estrado por Rosa Díez. Su texto fue finalmente apoyado, tras una negociación, por PP y UPN, aunque está por ver que tenga consecuencias prácticas. Ni siquiera el PSOE se sumó y su diputado, Antonio Trevín, consideró que se trata de una medida «inconstitucional». «Uno empieza en el tobogán de las excepciones y termina en un estado de excepción permanente», aseguró. Tanto Amaiur como PNV e IU censuraron una maniobra que, más que su aplicación efectiva, busca ganar terreno entre sectores dominados por el discurso de la AVT, ahora más distanciada del PP.

Eso mismo parece que busca UPN, que también aprovechó para poner el foco sobre el modelo «D» en Nafarroa. Carlos Salvador, enarbolando el citado artículo de «Diario de Navarra», no dio un solo detalle sobre lo que pretende imponer. «En el modelo íntegramente en vascuence, el 5% de los profesores tiene vínculo con ETA y más del 25% con la izquierda abertzale», repitió. Preguntado por si su propuesta se refería a las opiniones políticas del profesorado, Salvador regateó. «Importan menos las opiniones; lo que importa es la estrategia de unas personas que han decidido pervertir la educación en Navarra».

Según anunció, y pese a que Nafarroa tiene las competencias plenas en cuestiones educativas, UPN ha pedido reunirse, además de con Interior, con los ministerios españoles de Justicia y Educación. Pese a que era Madrid, dio la sensación de que la mitad del partido se jugaba en Iruñea. Solo así se entiende el intento de Amaya Zarranz (PP), de reivindicar sus iniciativas en Nafarroa para adecuar a las tesis unionistas no solo el profesorado, sino también el currículum.

Roldán reconoció el maltrato

Por otro lado, el Congreso volvió a reflejar la unidad de los partidos mayoritarios a la hora de negar las torturas denunciadas por ciudadanas y ciudadanos vascos durante décadas. Onintza Enbeita, que defendió una moción de Amaiur en este sentido, recordó las recientes declaraciones de Luis Roldán, exdirector de la Guardia Civil, admitiendo los maltratos.

Aún así, PP y PSOE cerraron filas y coincidieron en ubicar la denuncia sobre las vulneraciones de derechos humanos en comisaría en el ámbito de una supuesta «lucha por el relato» y la «equiparación de víctimas». El PSOE concedió que puede haber excepciones, pero negó que no se investiguen, como ya ha quedado constado por organizaciones internacionales. Solo PNV, IU y CiU se posicionaron a favor de una moción que será rechazada en la votación que se llevará a cabo durante la sesión de hoy en la Cámara Baja.