«Mejorado y reforzado». Esa es la conclusión de Jonan Fernández, responsable de Paz y Convivencia del Gobierno de Lakua, al presentar ayer la segunda versión del Plan de Paz cuyo borrador inicial vio la luz en junio. Los objetivos de base no cambian, tampoco la apuesta por «microacuerdos» políticos para ir desarrollándolo, pero sí se registran un buen número de modificaciones que atañen más a la filosofía global que al catálogo concreto de iniciativas.

Así, se introduce un preámbulo en el que llaman la atención dos cuestiones. La primera es la inclusión del llamado «suelo ético» aprobado en el Parlamento de Gasteiz y que es interpretado generalizadamente como una concesión de PP y PSE, aunque Fernández pidió huir de este tipo de lecturas. Matizó además que ese suelo «tácitamente EH Bildu lo tiene aceptado».

La segunda, y quizás más relevante, estriba en que el preámbulo se centra mucho en la polémica cuestión de la interpretación del pasado, y en consecuencia en el asunto espinoso de «los mínimos éticos y democráticos para situarnos en el presente». Y la única cuestión pendiente que aparece citada expresamente en este arranque es «la exigencia de desaparición de ETA» y que se produzca «sin condicionamiento político».

«Es el compromiso que asume el Gobierno Vasco -expone el preámbulo-. El primer paso para ello es el desarme y desmantelamiento ordenado, seguro y definitivo de sus estructuras militares. Esta es ahora una de las prioridades a las que, desde un punto de vista de responsabilidad, deben atender las instituciones».

Los presos, a otro ritmo

El desarrollo de las vulneraciones de derechos que siguen produciéndose en la actualidad queda al margen del preámbulo, relegado al resto de las 86 páginas del documento y sin más novedad relevante que la inclusión de las personas huidas como situación a resolver junto a la de las presas.

Cabe recordar que en este ámbito Lakua anuncia el impulso de «un programa propio orientado a facilitar el proceso de reintegración social de las personas presas», que denomina Hitzeman y que «se sitúa en el ámbito de limitaciones y posibilidades que ofrece el actual marco competencial explorando el potencial que la legalidad ofrece para ello». En otras palabras, que su viabilidad práctica resulta dudosa.

En cualquier caso, esta línea de acción no se ubica en el corto plazo, dado que el Plan establece un calendario según el cual el primer semestre de 2014 se dedicará a preparar este Programa Hitzeman, en el segundo se presentará a «entidades representativas» de los presos, luego se buscarán consensos y el desarrollo real quedará para 2015.

Otro tanto ocurre con la tortura. Se plantea primero un estudio de la situación, luego unas conclusiones sobre los protocolos a adoptar, más tarde la elaboración de una propuesta de actuación contra la tortura y, finalmente, su desarrollo en el curso 2014-15.

El Plan afecta también a la Ertzaintza, en el sentido de «continuar su compromiso social por la convivencia y los derechos humanos». Con este fin se comenzará por crear un grupo de trabajo, luego se pasará a la «actualización y desarrollo del programa formativo sobre derechos humanos y bases éticas para una policía para la convivencia democrática», ya en el segundo semestre de 2014 se abrirá un programa participativo sobre la cuestión, y no será activado hasta 2015.

«Ningún argumento»

Es la cuestión del pasado la que paradójicamente aparece como más urgente en este proyecto, desde la consideración de que sin fijar unas bases éticas no cabe construir otro futuro.

No obstante, se asume que «al Gobierno Vasco y al Plan de Paz no les corresponde imponer un relato, sino crear las condiciones que hagan posible esta reflexión compartida». A preguntas de los periodistas, Jonan Fernández fue aún más tajante: explicó que la experiencia internacional demuestra que cuando se ha abierto este debate habitualmente ha acabado surgiendo la «tentación» de «establecer ese relato por decreto. Y eso lleva al fracaso, no funciona».

En cualquier caso, el Plan sí quiere marcar los raíles para «esa reflexión compartida». Y así establece que «en el relato crítico y compartido sobre el pasado, ningún argumento -ni un contexto de conflicto, ni una tesis de bandos enfrentados, ni la denuncia de vulneraciones de signo diferente, ni una razón de Estado, ni la prevalencia del futuro- puede ser imbocado para minimizar, justificar o legitimar la violencia de ETA ni ninguna otra violación de los derechos humanos».

Desde su origen, este proyecto del Gobierno de Lakua afronta la cuestión de las diferentes víctimas afirmando que no cabe excluir a nadie pero tampoco «equiparar» violencias. Ahora, en este documento más elaborado, se define así: «Una de las tareas más costosas, y a la vez más importantes, es reconocer todas las vulneraciones de derechos humanos sin excluir ni diluir ninguna de ellas. El riesgo es doble. En primer lugar, este ejercicio de clarificación del pasado puede ser utilizado para justificar o compensar unas vulneraciones con la existencia de otras. El segundo es minimizar u ocultar la existencia de determinadas vulneraciones precisamente para evitar que estas sean utilizadas como argumento de justificación de otras».

En paralelo, Lakua hace hincapié en que el concepto de «prioridad ante el futuro» no debe suponer empezar «desde cero». Se resume en esta frase: «La factura que ha de pagarse por la construcción del futuro no puede ser olvidar el pasado ni despreciar lo preexistente».

Jonan Fernández incluyó en su comparecencia un reconocimiento de la dificultad del trabajo (resulta ilustrativo que algunas de las concreciones del borrador del Plan se hayan retirado ya al constatarse discrepancias). «Somos conscientes de que un espacio compartido es una utopía en este momento, pero estamos preparando el terreno», aseveró.