Floren Aoiz
www.elomendia.com
JO PUNTUA

«Investigué a tanta gente que no recuerdo»

Hemos tenido ocasión de corroborar que era y sigue siendo habitual controlar los movimientos de miles de personas, seleccionadas solo por sus ideas

A veces los jucios en la Audiencia Nacional de Madrid nos ayudan a conocer mejor la gigantesca red organizada por las fuerzas armadas españolas para espiar a la sociedad vasca. Fuerzas armadas digo, sin limitarme a la definición al uso que identifica tal nombre al Ejército, porque estamos hablando, más allá de la disquisición técnica sobre su estatus legal, de organizaciones armadas que practican la violencia -de estado- con fines políticos. Y puesto que hablamos de una potencia extranjera que pretende tener derecho sobre nuestro pueblo sin que los vascos y vascas hayamos podido jamás pronunciarnos libremente al respecto, podemos y debemos hablar de una ocupación por la fuerza del territorio y un control ilegítimo de la vida social vasca, que hemos podido comprobar en las últimas sesiones del juicio del caso 35/02 en el que más de 35 personas estamos siendo juzgadas por nuestra actividad política.

Las declaraciones de los agentes policiales nos han deparado momentos gloriosos, como el reconocimiento de las mentiras («de esto sí me acuerdo de verdad», decía uno de los brillantes funcionarios maderiles), por cierto, repetidas por todos ellos al asegurar que ni nos conocían ni tenían nada contra las personas imputadas. Precisamente porque las fuerzas armadas/policiales españolas tienen algo contra el independentismo vasco estamos en ese juicio. Por eso han reconocido el control específico sobre más de 1.000 docentes en Nafarroa, para investigar sus ideas y afinidades políticas. Por eso -aunque en una reciente polémica Batzarre nos vendiera las virtudes de esta «democracia» en cuyo consejo de administración aspiran a encontrar plaza- estamos ante un estado de excepción encubierto, y un policía español es capaz de declarar en un juicio que no puede contestar con más concreción porque persiguió a tanta gente que le resulta imposible recordar cada caso.

Hemos tenido ocasión de corroborar que era y sigue siendo habitual controlar los movimientos de miles de personas, seleccionadas solo por sus ideas. Tanto es así que los y las policías encargadas de tan asqueroso trabajo reconocían esta semana sin pestañear que se organizaban operativos con funciones tan impresentables como comprobar si una persona entraba o no con llave propia a su puesto de trabajo.

Para estos profesionales del control político era normal investigar la actividad política de personas que reconocían por sus apariciones en los medios de comunicación. En un país democrático sería un escándalo que un policía afirmara bajo juramento en sede judicial que investigó los movimientos de un diputado o de una portavoz de un partido político. En el Estado español los jueces, en lugar de imputarlos inmediatamente tras conocer semejantes actividades, saludan a los tipos de esa calaña agradeciendo su colaboración.

Claro que si el jefe de estado es un tipo elegido a dedo por un dictador que se hizo con el poder tras un baño de sangre y apoyado por Hitler y Mussolini, ¿qué cabe esperar de un tribunal de excepción continuador del TOP franquista?