Aunque sea prematuro hablar de una tendencia de largo plazo o de un cambio de paradigma, el imparable descenso de la población encarcelada en Suecia ha obligado al Gobierno a cerrar cuatro prisiones. Los esfuerzos enfocados a la resocialización de los presos, el aumento de ayudas una vez quedan en libertad, el cambio de legislación que sustituye las penas de cárcel por otras alternativas en delitos de robos menores, los relacionados con la droga o con delitos violentos, y en general una política penitenciaria avanzada y que no renuncia a la aspiración del cierre de las cárceles, ha contribuido al descenso de una sexta parte de la población presa en los últimos años. Ciertamente, un feliz y sorprendente «problema» que debería servir de inspiración para otros.

De lo que no cabe duda es que, comparativamente, en los estados español y francés queda mucho camino por recorrer en la reforma de ciertos aspectos o, directamente, en la supresión de otros en sus fallidos y dañinos sistemas de Justicia penal y en la política penitenciaria en general. Tienen, sin embargo, un espejo donde mirarse, aprender y compartir en las mejores prácticas de las políticas de sus vecinos escandinavos.