Como ocurre con el concepto bushiano de Estados-canallas, el término Estados fallidos y su asignación-imputación a países concretos no está exento de intenacionalidad, aunque sea más sibilina.

Es evidente que existen Estados que de eso solo tienen el nombre. África está plagada de ellos. Pero, en este caso, esa definición esconde más de lo que explica. ¿O pensamos que las metrópolis europeas no eran conscientes de que condenaban a los pueblos africanos a una permanente inestabilidad cuando trazaron una descolonización con regla y cartabón?

Más allá de su carácter descriptivo -y autoexculpatorio sobre la responsabilidad del que lo acuña- el término se usa a su vez cada vez más para apuntalar el statu quo.

Es lo que está ocurriendo en la actual fase de impasse en Oriente Medio.

Visto lo acaecido en Libia o en Egipto y el drama que sufre Siria, se está dando una curiosa coincidencia entre los extremos a la hora de esgrimir el riesgo de que esos países se conviertan en Estados fallidos para justificar lo injustificable: desde un golpe de Estado hasta el mantenimiento de regímenes que, simplemente, no tienen pase.

Sorprende, además, que algunos antepongan, sin matices, la integridad territorial de esos Estados a las justas reivindicaciones de pueblos y naciones en su seno.

Hay casos en el mundo árabe, demasiados, en los que estamos ante una especie de autoprofecía cumplida. Un régimen que practica durante decenios la política interior de tierra quemada lo hace, entre otras cosas, para que tras él no haya viabilidad estatal alguna. Es una suerte de seguro de vida. «O yo o el caos». O, en el caso de Saddam y Gadafi, de venganza póstuma. Un «Ya os lo dije».