E l pasado 27 de setiembre, CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP acordaron, en el marco del debate de política general del Parlament, fijar la fecha y la pregunta de la consulta sobre el futuro político de Catalunya antes de fin de año. Han pasado dos meses y todavía no hay acuerdo alguno. Más bien al contrario, los nervios y el ruido mediático han dominado este periodo de actividad política en el Principat, y ahora apenas queda un mes para que las fuerzas políticas alcancen un pacto que dará el pistoletazo de salida al 2014, año clave en el desarrollo del proceso independentista.

El ruido de fondo ha imperado desde finales de setiembre, aunque en las últimas semanas había desaparecido de la superficie, después de que el president, Artur Mas, pegara un toque de atención a propios y extraños para que mantuviesen las formas y la calma. La tregua, sin embargo, ha llegado a su fin y Mas sabe que, a la vuelta de su viaje oficial de la India -vuelve el sábado- deberá afrontar el tema sin más pérdida de tiempo.

Tan bien lo sabe que, desde la India, va preparando el terreno. Según han filtrado diversos medios, la idea de Mas es mantener contactos bilaterales con representantes de las tres formaciones dispuestas a pactar la fecha y la pregunta. El PSC ni está ni se le espera -el domingo celebra un acto a favor del federalismo con actuación de Rubalcaba incluida-. Posteriormente, si hay margen para el acuerdo, el president convocará una cumbre con los cuatro partidos implicados, con la idea de cerrar el pacto de manera solemne.

El objetivo es tener el acuerdo para el último pleno del año, previsto para el 19 de diciembre, aunque no se descarta que llegue en plenas navidades o en los primeros días del año.

Desde el Govern se muestran confiados en poder llegar a un acuerdo, pero por si acaso, Mas lanzó desde la India un aviso a navegantes sobre el peligro que conlleva «tirar demasiado de la cuerda», ya que esta se puede romper y todo el proceso caería entonces en saco roto.

El núcleo del debate se centra en la formulación de la pregunta, sobre la que están corriendo ríos de tinta. Existe cierto consenso en torno a la claridad. Es decir, debe ser una pregunta sencilla en la que el ciudadano sepa, sin ningún género de dudas, qué es lo que está votando, y de la que emane un mandato claro a los partidos políticos. El objetivo es que ni la pregunta ni el resultado den pie a interpretaciones variadas.

A este respecto, solo ERC y CUP se han posicionado claramente hasta ahora, señalando que quieren una pregunta binaria -de respuesta sí o no- en la que se incluya el término independencia. Junto a ellos están la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y el Consell Assessor per la Transició Nacional (CATN), grupo de asesoramiento nombrado por el propio Govern, que recomendó una pregunta así.

En el caso de CiU, el Govern todavía no ha lanzado su propuesta, aunque CDC parece decantarse por alinearse junto a ERC y CUP. Sin embargo, los nacionalistas no verían con malos ojos que en vez de sobre la independencia, la pregunta versase sobre un estado soberano. Aquí es donde podría encontrar el punto de conexión con sus socios de UDC, a los que la palabra independencia parece provocarles alergia. ICV-EUiA es la más ambigua hasta ahora, ya que se limita a esperar la propuesta de Mas, insistiendo en que debe ser una pregunta en la que los federalistas «de verdad» puedan votar favorablemente. Eso pese a que más de la mitad de sus electores se decantan directamente por el sí a la independencia, según la última encuesta de la Generalitat.

Como se ve, la inclusión o exclusión del concepto independencia es uno de los principales obstáculos, ya que para unos sería un fraude no incluirlo -ERC, CUP, ANC- y para otros sería la manera de conseguir un consenso más amplio -UDC, ICV-EUiA-.

Otro de los puntos polémicos es la referencia a la Unión Europea (UE), aunque parece estar perdiendo fuerza por dos razones bastante evidentes. Por un lado, incluir una referencia a la UE sería determinar de antemano la futura configuración de un Estado catalán, lo que excluiría a las opciones políticas que se oponen a ello, como la CUP. Por otro lado, no sería honesto, ya que nadie desde Catalunya puede garantizar que una Catalunya independiente será automáticamente miembro de la UE -tampoco que quede directamente expulsada-.

La fecha que se debe fijar para la celebración de la consulta tampoco es un asunto menor. La opción con más posibilidades es la del segundo semestre de 2014, antes del referéndum escocés del 18 de setiembre -se habla del 14 de dicho mes-. Da el margen suficiente para dar los pasos todavía pendientes y evitaría el condicionante de una victoria del no en Escocia.

Pero no cabe cerrar ninguna posibilidad. Si los acontecimientos se precipitasen podría tomar fuerza la propuesta de la ANC para convocar la consulta durante el primer semestre. Se habla también, como mera hipótesis, de la utilización de las municipales de la primavera de 2015 como consulta, si el Estado imposibilitara físicamente la celebración de la consulta -así ocurrió durante la República-.

Además de la pregunta y la fecha, también queda por concretar la fórmula mediante la que se pedirá la competencia para convocar un referéndum en el Congreso de los Diputados -será a través del artículo 150.2 de la Constitución-. El acuerdo estaba casi firmado hace dos semanas, pero ICV-EUiA pidió retrasarla hasta el pleno del 4 de diciembre. Ahora ha sido ERC la que ha impedido el acuerdo definitivo, incluyéndolo de esta manera en el mismo paquete de negociación de la pregunta y la fecha, con la vista puesta en el pleno del 19 de diciembre.

Observando cómo unos y otros tiran hacia su lado, está por ver si la clase política llega a navidades con los deberes hechos. Ayer desde el Govern señalaron que están convencidos de que así será «pese a que habrá tensión hasta el último minuto». En cualquier caso, existe un argumento de peso que ayuda a pensar así: si los partidos no llegan a un acuerdo, el ridículo sería de proporciones incalculables, y las consecuencias, para el proceso y para el país, tremendas.