Las Juntas Generales de Gipuzkoa dieron el miércoles el primer paso para la tramitación de las tres normas forales propuestas por PNV, PSE y PP para reformar el IRPF, el Impuesto de Sociedades y el de Sucesiones y Donaciones. Helena Franco sostiene que no era necesario «alterar de arriba abajo» el sistema fiscal vigente y alerta de que ello provocará importantes afecciones a los contribuyentes.

La Hacienda de Gipuzkoa ha dado la voz de alarma ante la propuesta fiscal presentada por PNV, PSE y PP, tanto por los perjuicios que va a suponer como por la forma en que se ha hecho. ¿Qué impacto va a tener entre los contribuyentes?

La afección va a ser muy importante, porque se rompe con una línea de trabajo y de transformación del sistema fiscal enfocada a un modelo socioeconómico mucho más avanzado, mucho más acorde con los modelos de países que hoy día mejor están funcionando ante la crisis, y se hace una propuesta que responde a otro modelo de sociedad, en el que no importa que el sector público sea más pequeño, en el que no importa tanto la capacidad recaudatoria y no importa que lo paguen básicamente los trabajadores. Por eso decimos que ha habido una contrarreforma.

Las tres normas forales planteadas suponen una profunda modificación del cuerpo normativo del territorio.

Yo entiendo que era algo totalmente innecesario dentro de los parámetros en los que se han movido hasta la fecha los acuerdos fiscales entre las diferentes instituciones. Porque si hablamos de armonización, queda margen para que los territorios históricos puedan decidir en torno a sus normas fiscales. Y hasta ahora, armonización no significaba uniformización absoluta. Porque para eso, nos saltamos toda esta estructura institucional tan compleja que tenemos, y que precisamente permitía matices respecto a un tronco común en función de las singularidades de cada territorio, y vamos directamente a la Hacienda única.

¿Por qué dice que las propuestas no respetan las singularidades de Gipuzkoa?

Porque no han hecho otra cosa que trasladar las normas fiscales de Bizkaia al resto de territorios. Y eso es preocupante. Ha habido una falta de respeto absoluta al trabajo realizado en el territorio de Gipuzkoa en los últimos treinta años y a la experiencia acumulada tanto en el Departamento de Hacienda como en los contribuyentes.

También se han mostrado críticos con las prisas de estos partidos para sacar adelante su propuesta y que han llevado a sus propios impulsores a reconocer que contenía numerosos errores...

Cuando las cosas se hacen deprisa y corriendo, con trámites de urgencia, en materias tan delicadas como el IRPF y Sociedades, las dos normas fiscales más importantes de los territorios históricos, los errores pueden ser muchos. Yo creo que estas normas se podían haber tramitado con mayor serenidad, con mucha mayor transparencia, porque en este momento no sabemos exactamente lo que están proponiendo. Yo creo que no hay tanta urgencia. Por un lado, en el IRPF, si las modificaciones que se proponen son las que vienen en el pacto fiscal, en términos de armonización no eran necesarias, porque no nos alejábamos tanto de lo que se estaba planteando para Bizkaia y para Araba. Y en cuanto al Impuesto de Sociedades, la prisa también es relativa, teniendo en cuenta que llevamos un montón de años sin modificarlo y que no hay que hacerlo deprisa y corriendo, sino con una base sólida y una seguridad jurídica para las empresas y los contribuyentes.

¿Por qué dice que no se sabe exactamente lo que están proponiendo?

Yo creo que este debate está siendo muy poco trasparente, no sabemos exactamente lo que quieren y lo que dejan de querer. Lo que está claro es que no podemos entrar a retocar y a modificar una norma foral entera, y más sin saber cuáles son los objetivos de los proponentes. Por esto, pensamos que lo ideal sería aprovechar el plazo de enmiendas que se abre ahora, tras la toma en consideración de la pasada semana, para que haya un debate sobre las medidas propuestas, cosa que hasta ahora no ha habido. Es totalmente legítimo que se presenten propuestas diferentes, tener diferentes modelos fiscales, pero los ciudadanos deben conocer las afecciones que tendrá sobre ellos cada uno de los modelos propuestos. La forma en la que se están haciendo las cosas, rápido, de urgencia y de tapadillo, refleja una falta de voluntad clara para trasladar el debate a la sociedad.

En su opinión, ¿qué se esconde detrás de esta urgencia?

Está claro que hay una intención de bloquear la capacidad de actuación de un gobierno que estaba trabajando en una línea honesta y que estaba siendo vista como una aportación positiva al futuro del país. Y eso ha encendido las alarmas en ciertos sectores, en los grandes lobbys empresariales, que están exigiendo que se cortocircuite ya la línea de reformas emprendida en Gipuzkoa, tal y como denunció en el pleno del miércoles la portavoz Larraitz Ugarte, algo que suscribimos todos los miembros del gobierno. Los grupos de la oposición no pudieron contestar con argumentos y optaron por la descalificación personal. No se pueden justificar unas alteraciones del sistema fiscal vigente simplemente como una demostración de fuerza respecto a la línea de trabajo emprendida por la Diputación.

¿Como valora, en concreto, la postura del PSE de sumarse a las propuestas de la derecha vasca tras los avances conseguidos en Gipuzkoa?

En el caso del grupo juntero del PSE, no creo que se sientan muy cómodos con esta situación, porque están sacrificando posiciones más progresistas y de izquierda por otros intereses de partido no declarados, no sabemos si del ámbito de la CAV o del Estado, o si responden a presiones de grupos de poder. La vía que se había abierto en Gipuzkoa entre grupo socialista, Bildu y Aralar para avanzar hacia una fiscalidad más progresista estaba generando efectos en el resto de territorios, para impulsarlos hacia una fiscalidad más justa, y es lo que se ha querido frenar ahora.

En cuanto al IRPF, ¿cuáles serían las principales diferencias entre ambas propuestas?

Lo cierto es que la proposición que hay encima de la mesa tiene muy poco que ver con lo que está recogido en el pacto fiscal, en el que se avanzaban una serie de medidas ya aprobadas en Gipuzkoa. Según ese pacto, las medidas que afectarían a Gipuzkoa serían seis, pero una norma foral para el IRPF es muchísimo más amplia que esos puntos concretos, y por ahora no sabemos si quieren modificar el resto de cuestiones, como la sustitución del sistema actual de autoliquidaciones de Gipuzkoa por el de liquidaciones de Bizkaia, o la reducción de la deducción por minusvalía y dependencia, que dicen que van a corregir... Por eso les decimos que si lo que quieren es modificar esos seis puntos concretos, es mejor retirar la norma de Bizkaia y hacer las modificaciones respetando el cuerpo normativo ya aprobado y vigente en Gipuzkoa, ya que generará menos problemas para los 400.000 contribuyentes afectados, tal y como demuestran los informes técnicos emitidos al respecto.

Usted ha mencionado la necesidad de garantizar la seguridad jurídica en lo que se refiere al Impuesto de Sociedades.

Yo creo que es importante garantizar la seguridad jurídica de todos los impuestos y el respeto a los derechos de los contribuyentes. En las modificaciones que hemos planteado hasta la fecha, tenemos que cumplir una serie de requisitos para dar solidez a las propuestas que hacemos y garantizar esa seguridad. También lo estamos haciendo en el Impuesto sobre el Beneficio de las Sociedades, con el fin de encardinarlo en todo el marco jurídico, y en este sentido hemos empezado la tramitación de un contraste con la Unión Europea para ver su adecuación a las exigencias europeas, ya que tenemos muy presente la carga que han supuesto las vacaciones fiscales. Creemos que no se puede repetir otro episodio de esas características.

«Nuestra recaudación se va a ver afectada por las discrepancias en torno al cálculo del Cupo»

¿Qué trascendencia tienen el preacuerdo sobre el Concierto alcanzado el pasado jueves entre el Gobierno de Urkullu y el de Rajoy?

De lo que se ha hablado es de concertar cinco impuestos de carácter menor que afectan a loterías, generación eléctrica o depósitos bancarios, y cuyo impacto en términos recaudatorios es muy limitado. Además, nosotros no tenemos capacidad normativa, y de lo que se ha tratado es de definir su gestión y recaudación.

Ustedes han señalado que ven dificultades para dar su apoyo a dicho acuerdo...

Por una parte, el procedimiento no ha sido satisfactorio. Nos ha sorprendido que se hayan dirigido a nosotros con un acuerdo prácticamente cerrado, sin dar opción a un trabajo en común. Y por otra, porque hay que valorar si merece la pena convocar la Comisión Mixta del Concierto solo con esos puntos, pues consideramos que hay otros problemas bastante serios, como pueden ser las discrepancias en torno al cálculo del Cupo, o la aplicación de la Ley de Estabilidad Preupuestaria, con la limitación de competencias que ello supone.

Entre esos temas más importantes, ¿se podría plantear tener mayores competencias en impuestos indirectos como IVA o impuestos especiales?

Efectivamente, es otro de los temas que habrá que plantear en su momento. Una mayor soberanía fiscal exige reivindicar también una mayor capacidad normativa sobre imposición indirecta, con el objetivo de avanzar hacia una mayor soberanía. Es lo mínimo que nos tienen que exigir los ciudadanos a los representantes políticos.

Las discrepancias en torno al cálculo del Cupo, ¿pueden influir en el cierre de la recaudación de este año?

Las previsiones en cuanto a recaudación de tributos de gestión propia se van a cumplir, pero efectivamente, como consecuencia de las discrepancias sobre el cálculo del Cupo en cuanto a los ajustes del IVA con el Estado, nuestra recaudación se va a ver afectada porque el Estado tiene la sartén por el mango y al final nos lo va a descontar de otro tipo de flujos financieros a nuestro favor. J.S.