Siempre ha existido impunidad para los delitos cometidos, probados, juzgados y condenados por miembros del Estado español. Véase las sentencias del caso Lasa-Zabala ¿dónde están todos los culpables? Yo me pregunto ¿por qué no existe ningún juez imparcial, objetivo que quiera desenmascarar la corrupción política del poder español en un Estado de Derecho en una supuesta democracia? ¿Por qué no se investiga quién instigó, insinuó, decidió crear y financiar el GAL?. Se debería hablar claro y sin mentiras, es decir, los políticos del primer gobierno socialista cuya lista aquí indico con nombres y apellidos. Ahora bien, mientras se siga queriendo ocultar una verdad demostrada, mientras el Estado español continúe negando una evidencia probada con absoluto rigor científico, no se podrá avanzar por el correcto camino de la Paz y la Convivencia presente y futura. Lo ideal sería querer esclarecer, aclarar con total y absoluta transparencia sin trabas ya que, de ese modo, conseguiríamos mayores cotas de democracia.

Creo que no interesa investigar por las consecuencias nefastas para el Gobierno español, ya que quedaría claramente demostrada la implicación del PSOE-PSE-EE en la creación del GAL, junto a la connivencia de los partidos políticos de aquella época. Incluso me atrevo a decir que la Monarquía, el Ejército y las FSE también eran conocedoras de todos y cada uno de dichos delitos y los aplaudían sin ningún sentimiento de culpa. Desenmascarar ese nocivo comportamiento para nada ético, justo ni mucho menos humano dejaría patente todos los medios no legales que estuvo dispuesto a utilizar el Estado español con tal de conseguir sus objetivos de unidad territorial vulnerando una y otra vez nuestros Derechos Humanos. Para mí el PSOE-PSE-EE siempre llevará la marca de ser sinónimo del GAL, y como bien me dijo una víctima: «el peor terrorismo es el terrorismo de estado» frase que siempre le repetía su marido antes de ser asesinado por ETA.

Todos los guardia civiles y políticos del PSOE-PSE-EE condenados a más de 75 años de prisión por los diferentes Tribunales (Audiencia Nacional, Tribunal Constitucional y Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo) están en la calle por diferentes motivos. ¿Cómo se puede permitir cuando ha sido el caso más grave probado con implicación del Estado español durante la incipiente democracia? ¿Qué leyes españolas amparan y benefician a este tipo de criminales-terroristas institucionales cuando las leyes europeas los condenan sin ningún tipo de trato de favor? ¿Qué sentimientos debemos de transmitir a nuestros hijos cuando nos pregunten que no entienden como unos señores asesinos matan a su tío y no se les obliga a cumplir con su correspondiente condena?

A lo largo de la historia siempre han existido injusticias de diferente grado de gravedad que nos han indignado, marcado como pueblo y hecho sentir una infinita vergüenza moral por el rechazo que inspira en nuestros corazones. Ese desprecio callado que siente la ciudadanía hacia semejante injusticia silenciada por el poder político deja de manifiesto de modo injusto la hoy todavía existencia de una doble moral equivocada, donde el agravio comparativo es otra nueva ofensa que debemos sobrellevar con la dignidad que hasta ahora hemos intentado transmitir a nuestros seres queridos.

Pero por más que lo intenten ocultar, silenciar e incluso contextualizar explicando los duros años que nos tocó vivir en la década de los 80, siempre quedará recogido en los libros de historia el mal cometido por guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo (Enrique Rodríguez Galindo, Enrique Dorado Villalobos, Felipe Bayo Leal, Ángel Vaquero, y otros muchos más) junto a altos mandatarios del PSOE-PSE-EE (Julen Elgorriaga, Rafael Vera, José Barrionuevo) y la insuficiente e ineficaz actuación de la justicia española, pues no quiso reparar el daño causado a pesar de ser un suceso probado que pasará a la historia por ser doblemente grave teniendo en cuenta la responsabilidad política y el deber de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos que ostentaban los perpetradores.

Aquel que tiene un estricto sentido crítico, una precisa visión de justicia igualitaria y libertad de conciencia sabrá apreciar con todo detalle quién cometió el mal, quién fue condenado y cómo una y otra vez el maltrato para con nuestras familias roza la total y absoluta indignidad, irracionalidad, y no creo que nadie que se considere honesto podrá obviar esta realidad ni tenga derecho a hablar de «suelo ético» en el Parlamento Vasco mientras existen estos agravios comparativos que deben ser absolutamente rechazados por todos.

Es sociológicamente inaceptable y verdaderamente grave que se utilice dinero público para asesinar y, además, no se condene dicha acción con la misma contundencia como otros actos terroristas de igual alcance o calado social. ¿Dónde están los intelectuales que deben crear opinión pedagógica y coherente con las Leyes Internacionales que condenan al Estado español por el daño causado? ¿Por qué no se consideró la sentencia del 10 de noviembre de 2010 del TEDH de obligado cumplimiento para los condenados por el «caso Lasa-Zabala»?. ¿Cómo se interpreta este caso a partir del Derecho Internacional de los Derechos Humanos?

El deber de los políticos no es asesinar, secuestrar, hacer desaparecer a las personas de diferente ideología política, creencias, etc., sino que la política y, concretamente los políticos, deben utilizar todos los recursos actuales habidos a su alcance para solucionar los problemas que nos acechan a la ciudadanía. La prioridad de los problemas debería ser bien estudiada y perfilada para dar la mejor solución posible para todos.

Si los crímenes de estado se consideran «Crímenes de lesa Humanidad», que por tanto nunca prescriben, ¿por qué nadie hace nada contra un hecho histórico de suma gravedad cuya correcta interpretación desde la verdad, la justicia y la reparación que son los derechos que nos asisten a todas las víctimas debería ser explicado, juzgado, interpretado en las facultades de Derecho y los libros de historia?

Las injusticias son Internacionales, es decir, lo que en Chile o Argentina es o fue delito, en España también se debería considerar delito. No podemos ver sólo el horror de la Escuela de la Armada argentina, donde se torturó a miles de ciudadanos argentinos para poste- riormente hacerlos desaparecer, y no ver el horror que ha supuesto para la sociedad vasca el cuartel de Intxaurrondo, lugar habi-tual de la práctica de las más salvajes torturas administradas a tantos y tantos ciudadanos vascos y vascas bajo el mando del exgeneral Enrique Rodríguez Galindo, expulsado del cuerpo de la Guardia Civil por el secuestro y asesinato de José Ignacio Zabala y José Antonio Lasa. No se puede mirar hacia otro lado en la implicación de la barbaridad o pen-sar que eso no te va a pasar a ti y, por lo tan-to, no hacer nada para evitar que nunca más sucesos tan dramáticos se vuelvan a repetir.

Por parte del Estado español no hemos recibido ningún tipo de consideración, sino todo lo contrario, es decir, se podría incluso hablar de un cierto desprecio callado. A nivel institucional tampoco el Parlamento Vasco ha sabido dirigirse a nosotros correctamente con la debida inteligencia emocional para intentar, en cierto modo, que un suceso tan escandaloso y significativo sea mínimamente reparado y para que las familias sientan un apoyo negado por tantos años.

Aun así, me considero una privilegiada porque este suceso histórico se trasmitirá de generación en generación y aunque sea sólo porque los culpables deban sobrellevar la vergüenza de la denuncia sobre su conciencia y sus nombres y apellidos quedarán marcados por el máximo exponente de crueldad, maldad, aberración jamás antes conocida, probada, juzgada y condenada aunque todos están libres sin haber cumplido ni un mínimo de la condena por la injusta ingeniería jurídica que hábilmente han planificado sus responsables en el poder.