La Asamblea Nacional francesa aprobó ayer con una mayoría «transpartidaria» la proposición de ley sobre prostitución que castiga a quienes paguen por sexo con multas de hasta 1.500 euros. Antes de entrar en vigor deberá contar con el visto bueno del Senado, que la debatirá a finales del próximo mes de junio.

Se trata de la medida central de un texto con el que, según sus promotores, se persigue combatir el proxenetismo y contribuir a la protección de las mujeres que se ven obligadas a ejercer la prostitución por la fuerza de la violencia o las carencias económicas.

Las sesiones de la Cámara Baja, que comenzaron el viernes y a las que han asistido pocos diputados, han estado marcadas por un general acuerdo en el grueso de la ley, con excepción de dos puntos: la penalización de los clientes y la concesión de un permiso de residencia temporal de seis meses a las prostitutas extranjera que decidan dejar el oficio.

La ley fue aprobada por 268 votos a favor -la mayoría de los electos del PS, el Frente de Izquierdas y diputados centristas y de la oposición de derecha-, 138 en contra -la mayoría de la derecha y los ecologistas, socios del Gobierno- y 79 abstenciones.

La ley supone un cambio de doctrina en el Estado francés, que desde 2003, aunque no consideraba ilegal la prostitución, perseguía a las meretrices que ofrecían sus servicios en la calle y las castigaba con multas de hasta 3.750 euros y con penas de hasta dos meses de cárcel. Ahora, ese delito desaparece en beneficio de otro nuevo, que en esta ocasión responsabiliza al cliente, quien puede ser multado con hasta 3.750 euros en caso de reincidencia.

Frente a los argumentos de que se trata de una iniciativa «moralista» o los que consideran, como Médicos del Mundo, que su entrada en vigor obligará a las prostitutas a ejercer de forma clandestina, afectando a su seguridad e higiene, sus defensores, liderados por la ministra de Derechos de la Mujer, Najat Vallaud-Belkacem, sostienen que las multas a los clientes son el instrumento más eficaz para combatir a las mafias de proxenetas ya que el dinero de los clientes es su fuente de financiación.

«Paso valioso»

Vallaud-Belkacem sostuvo que el 90% de las prostitutas ejercen ese oficio contra su voluntad y dijo que deben ser protegidas frente a la violencia de los proxenetas. «El paso que hemos dado hoy es inmensamente valioso. Nos permite enviar una señal de qué es lo que la sociedad juzga deseable y no deseable. Es también una llamada de atención a las redes», aseguró la ministra, quien aseguró que permitirá a miles de jóvenes salir de la prostitución.

Como alternativa a la multa o a la sanción complementaria, se prevé un «período de prácticas de sensibilización en la lucha contra la compra de actos sexuales». Y están previstas también medidas de asistencia social y profesional para quienes quieran abandonar la prostitución. El Gobierno se ha comprometido a financias con 20 millones de euros anuales la «ruta de la salida de la prostitución», que será supervisada por una asociación.

El texto aprobado ayer está basado en la legislación vigente en Suecia, que penaliza a los clientes desde 1999 y ha servido, según Estocolmo, para reducir en diez años a la mitad la prostitución callejera.

Otros países, como Alemania y Países Bajos, optaron por legalizar y regularizar la prostitución, lo que, según París, se ha traducido en una explosión de estas prácticas y ha llevado a Berlín y Amsterdam a plantearse una revisión legislativa. En Alemania, de hecho, el debate se ha reabierto y en el acuerdo suscrito entre Angela Merkel y el SPD ofrece una revisión de la ley de 2002 que legalizó la prostitución.