La Comisión Europea anunció ayer, por boca de su comisario de Competencia, Joaquín Almunia, la imposición de una multa de 1.712,5 millones de euros a seis grandes bancos por haber actuado de forma concertada en la manipulación de los tipos de interés Libor y Euribor para derivados financieros. La sanción, calificada de «ejemplar» por algunos, es efectivamente la más alta impuesta nunca por Bruselas. Sin embargo, hay elementos para considerar que las entidades multadas han salido beneficiadas del lance.

Por un lado, porque tanto Almunia como los responsables bancarios saben que de haberse aplicado la legislación propia de los países en los que operan las consecuencias habrían sido más drásticas, pues hubiera supuesto, en primer término, la nulidad de los intereses, y quizá también la de los contratos, al decaer su elemento principal, los propios intereses. Lógicamente, este hecho habría acarreado a los bancos unas pérdidas muy superiores a la multa europea. Por otro lado, la Comisión hace referencia a los efectos que la manipulación de los tipos de referencia ha tenido sobre los mercados de derivados, donde actúan grandes grupos financieros, bancos de inversión y los propios estados, pero obvia las secuelas que esta actuación ha tenido en millones de contratos igualmente vinculados al Euribor y que afectan a personas corrientes, que no tienen nada que ver con esos actores aventajados.

Más que un escarmiento, la actuación de la Comisión tiene la traza de un cortafuegos, de un intento de cerrar este asunto en términos asumibles por los bancos señalados. De hecho, puestos a fijar responsabilidades, la propia Unión Europea debería explicar cómo es posible que las entidades financieras, incluidas las multadas, puedan seguir financiándose prácticamente gratis de la mano del BCE, y luego utilizar ese dinero para hacer negocio comprando deuda pública y negar el acceso al crédito a pequeñas empresas y familias. Ese es un fraude aun mayor al que Bruselas no va a poner freno.