El Tribunal especial para asuntos «antiterroristas» de París condenó ayer a 18 años de cárcel a Ekaitz Sirvent, a 14 años de prisión a Ainhoa Ozaeta y a 5 años a Peio Sánchez, aunque este último no tendrá que volver a prisión, al haber cumplido ya casi cuatro años. El juicio contra los tres militantes vascos comenzó el pasado 25 de noviembre.

El tribunal les considera culpables de tentativa de extorsión de empresarios, en relación al cobro del llamado «impuesto revolucionario», pero no del delito de extorsión, del que también habían sido acusados.

Las abogadas manifestaron su estupor por la dureza de las condenas, en particular, en el caso de Ozaeta. Para la letrada Yolanda Molina la petición del fiscal era ya «incomprensible». «Los hechos por los que se les juzgaba ahora no se corresponden con la dureza de las penas exigidas. Si aplican esa tendencia cuando la juzguen en mayo por pertenencia a la dirección de ETA, ¿qué le van a pedir, cadena perpetua?» preguntó enojada. Subrayó, además, que la línea argumental del fiscal ha sido en todo momento la de poner en duda que el cese de la actividad de ETA sea definitivo, al achacarlo a su «debilidad organizativa».