Según la propuesta hecha pública ayer por Kristau Eskola, la deuda que ya arrastran los trabajadores en función del convenio de 2009 y que se acumularía a partir del 1 de enero de 2014, se gestionaría a través de una comisión paritaria, integrada por patronal y sindicatos, que establecería los criterios a aplicar «supeditando su pago a una futura mejora de la financiación pública».

Esta propuesta fue aprobada el miércoles por el 92,6 % de los votos de la asamblea extraordinaria que celebró Kristau Eskola en Donostia con el objetivo de retomar la mesa de negociación del convenio. La firma de esta propuesta por parte de los sindicatos implica por parte de la patronal la retirada del recurso presentado ante el Tribunal Supremo contra la reciente sentencia del TSJPV, que reconoce la vigencia del convenio de 2009.

El documento incluye que el aumento del 0,7% no afectará al personal cuyas remuneraciones brutas anuales sean inferiores a 25.000 euros, a los que se aplicarán las tablas del convenio de 2009. Tampoco afectará al personal no docente, al que se aplicará un acuerdo parcial firmado con las centrales.

Estos incrementos sobre las cuantías de los módulos se mantendrán mientras que las retribuciones resultantes no alcancen el nivel de 2009 durante seis años o bien hasta la firma de un nuevo convenio. La propuesta patronal recoge que en el caso de centros con «especiales» dificultades económicas se regulará la no aplicación de los referidos incrementos salariales.

«Insatisfacción» de CCOO

La primera reacción sindical a la propuesta de Kristau Eskola presentada ayer la hizo CCOO, que la recibió con una «sensación de insatisfacción».

En un comunicado, CCOO justificó su insatisfacción con varias razones. Una de ellas es que «no haya en el texto ningún reconocimiento ni implícito, ni explícito a los esfuerzos de los trabajadores en este proceso».

Además, criticó que no haya «ni una línea sobre la posible vuelta al Convenio de Euskadi». y añadió que «no haya asunción de garantías de transparencia a la hora de coincidir en un diagnóstico sobre la situación económica real de los centros». En este sentido puntualizó que se podía «haber citado la constitución de una comisión de seguimiento económica de los centros y no hay mención alguna».