Por enésima vez, el Gobierno español repite que el final de la dispersión solo llegará cuando ETA se disuelva. A pesar de lo difícil que debe resultar a estas alturas conceder credibilidad al Gobierno español, habrá quien lo crea, o quien prefiera creerlo, porque indudablemente es cómodo y exime de responsabilidades.

Pero sólo hay una razón para que la política de dispersión se mantenga activa: es el marco que permite y facilita la vulneración de los derechos de las y los presos políticos y de sus familiares y allegados. Y esa vulneración, que se traduce día tras día en sufrimiento, supone una ración de resarcimiento que el Gobierno ofrece a un sector político muy determinado, al que necesita más que nunca, al que ni quiere ni se atreve a enfrentarse y al que ha alimentado con y ha educado en la venganza. En esa labor, ha hipotecado el respeto de la sociedad a los derechos humanos. Ha conseguido inculcar la idea de que son patrimonio del Estado, que se reparten o se restringen en virtud de recompensas, castigos, favores o desquites. Ha conseguido, en fin, privarlos de su condición de derechos para convertirlos en objetos de transacción. Y lo ha hecho tan bien, y la indolencia y el conformismo hacia las vulneraciones se lo han puesto tan fácil, que esa concepción de los derechos humanos ha echado raíces difíciles de arrancar.

El Gobierno español no tiene voluntad de terminar con la actual política penitenciaria. ¿Para qué, si obtiene réditos sin costos? La tenemos nosotros y nosotras, la tiene la sociedad vasca; tenemos por lo tanto, un compromiso ineludible: romper con el concepto viciado que lleva a asumir y a consentir que el fin de las vulneraciones de derechos está sujeto a contrapartidas.