Parece que todo el mundo en Jadu conozca la nueva normativa. «Los civiles portando armas en lugares públicos serán multados con 500 dinares, unos 300 euros-, explica Younis Walid, residente.

«El reincidente pagará el doble, y a la tercera vas a la cárcel-, añade este estudiante de 21 años de edad, casi parafraseando el artículo número 5 del llamado «Proyecto para un Acuerdo Nacional en Jadu».

Hablamos de una localidad en las montañas de Nafusa, el principal bastión amazigh de Libia, al noroeste del país. Tras una asamblea general el pasado 25 de octubre, el pionero documento fue suscrito por residentes locales de todo el arco social.

«Son seis artículos muy elementales pero imprescindibles para gestionar la seguridad y la convivencia en nuestra zona. El vacío de poder tras la guerra está arrastrando al país hacia el caos», explica a GARA Shokri Agmar, abogado local.

Dos años después del asesinato de Gadafi, todavía no se ha constituido el comité encargado de redactar la Constitución. Mientras tanto, el Gobierno apenas puede hacer frente a la miríada de grupos armados que imponen su propia ley obedeciendo a lealtades locales, e incluso individuales.

«Si nuestros vecinos de Zintan -un enclave árabe en Nafusa- no nos han atacado hasta ahora es porque saben que la nuestra también es una milicia muy bien armada», explica Agmar, añadiendo que «todas las milicias se están preparando para la guerra».

El control de facto a cargo de los diferentes grupos armados deja de serlo según el artículo 1 del acuerdo de Jadu, que otorga reconocimiento oficial a la milicia local como «principal fuerza de seguridad junto a la policía local».

«Somos 15 policías en Jadu. Trabajamos en turnos de cinco hombres pero sólo nos ocupamos de casos menores ya que no tenemos ni el entrenamiento ni el equipo necesario para hacer frente a amenazas mayores. En este último caso, el acuerdo establece que contaremos con el apoyo de la milicia local», detalla a GARA Mahmud Alaraghia, jefe de Policía de Jadu.

La mayoría de los altos rangos del antiguo aparato de seguridad desaparecieron tras la revolución pero funcionarios de categoría inferior como Alaraghia y sus hombres siguen cobrando un sueldo del Gobierno.

Además, la comunicación con la milicia local parece bastante fluida. El comandante de milicia Ziad Zabala hace una pausa a media mañana para tomar café en la comisaría.

«Gracias a dios, Jadu es uno de los lugares más tranquilos de Libia. La gente aquí es pacífica pero no podemos bajar la guardia Zintan o los árabes del valle», explica Zabala, para quien presentarse como «salafista y amazigh» no implica contradicción alguna.

A su lado, Yousif Said, comandante en jefe de la milicia, confirma que la suya es «una fuerza independiente del Ministro del Interior de Libia». Y no es el único organismo sumido en un vacío legal.

«No tenemos una prisión en condiciones en Jadu por lo que hemos llegado a un acuerdo con la de Gheryan -a 60 kilómetros al sureste de Trípoli- para que puedan albergar a los prisioneros hasta que sean juzgados», asegura Said.

De acuerdo con un informe de la ONU publicado el pasado mes de octubre, alrededor de 8.000 individuos permanecen bajo custodia sin cargos bajo la sospecha de haber luchado junto a las tropas de Gadafi. El informe también subraya que un número indeterminado de otros sospechosos están en manos de las milicias locales, y en condiciones aún peores que las de las cárceles oficiales.

Uno de los motivos puede ser los supuestos beneficios obtenidos por cada preso «gadafista» bajo custodia. Fuentes anónimas del Ministerio del Interior trasladaban a GARA que localidades como Misrata y Zintan cobran 60 dinares diarios -unos 36 euros- por cada prisionero supuestamente leal a Gadafi.

La ley «de siempre»

El acuerdo de Jadu no hace mención alguna a este respecto pero su artículo cuatro exhorta a las familias de los prisioneros que escaparon tras la guerra a que devuelvan a los reos a las autoridades de los consejos locales.

Y el número tres es el que otorga al consejo de ancianos la competencia judicial.

«Es un grupo de ocho personas elegidas por la comunidad y que cuentan con su pleno apoyo y respeto», matiza Shokri Agmar. «La gente ha acudido a ellos desde siempre mientras que a nadie se le ocurriría recurrir a las autoridades oficiales», añade este joven abogado en un país sin ley.

Aparentemente, las competencias de los ancianos trascienden los barrancos de esta pedregosa cordillera.

«Fue Jadu el que medió entre Trípoli y Misrata tras los enfrentamientos del mes pasado», asegura Agmar, señalando a los incidentes que dieron lugar a una retirada progresiva de las milicias de Misrata de la capital del país.

Punto de partida

Ninguno de los funcionarios en los despachos del Tribunal Local de Jadu, un edificio de tres plantas a la entrada de la localidad, accedió a responder a las preguntas de este reportero «sin la debida autorización del Ministerio de Justicia».

Desde los pasillos vacíos empapelados con retratos de los mártires locales de la revolución, Agmar señala que el acuerdo «ni reconoce ni rechaza» al Tribunal del distrito.

«No hacen absolutamente nada pero si este país llega a funcionar algún día con normalidad es posible que tengamos que contar con ellos».

Por el momento, es difícil saber cuál es primero de entre los problemas más acuciantes de Libia. Faizal Egira, maestro local en huelga, ofrece su propia visión:

«Sólo gano 600 dinares mensuales mientras que un miliciano se lleva en torno a 1.000», lamenta Egira desde el mejor restaurante del pueblo. Al igual que sus vecinos, este docente de 50 años también está familiarizado con el acuerdo:

«Está lejos de ser una solución definitiva pero al menos es un punto de partida. Es algo escrito sobre un papel, ¿sabe usted?».