Las pancartas que se pudieron ver ayer ante la sede parlamentaria en Gasteiz fueron dos, una de ellas en demanda de la readmisión de Carlos Díaz, delegado de LAB despedido de Ambulancias Bizkaia, y reclamando el fin de la precarización de las condiciones laborales en el sector de ambulancias, y la segunda, la de los trabajadores de Incoesa, que llevan más de seis meses de huelga indefinida, para rechazar la deslocalización de la planta de Bedia a Cáceres o Soria y pidiendo que el Gobierno de Gasteiz y también la Diputación de Bizkaia intercedan porque «han entregado enormes cantidades de ayudas a la empresa de transformadores y ahora se va».

Diversas iniciativas de EH Bildu permitieron que los trabajadores de ambos sectores explicaran en las comisiones de Sanidad y Economía la situación por la que atraviesan. En el caso de Incoesa, el Gobierno de Gasteiz reconoció que las ayudas oficiales llegaron a los dos millones durante los últimos años, a los que habría que sumar los de la Diputación de Bizkaia que, por contra, cuenta con una normativa desde 2007 para penalizar a las empresas que se deslocalizan, pero que el Gobierno foral que preside José Luis Bilbao no actúa en su cumplimiento.

A la salida de la reunión con los parlamentarios, Carlos Díaz, despedido de Ambulancias Bizkaia por la persecución sindical por parte del gerente de esa empresa, Angel Luis Martínez Calleja, aseguró a GARA que «hemos escuchado mensajes positivos y nos han atendido». El despedido aseguró que «son necesarias otras actuaciones, además de palabras bonitas».

En su opinión, se debe poner fin a la manera de actuar de estos empresarios. En la comisión pusieron sobre la mesa que el máximo responsable de Ambulancias Bizkaia cerró 2012 con un beneficio de 2,21 millones en su conglomerado empresarial.

Por otro lado, Jesús Sánchez, delegado sindical de LAB, acompañado por dos representantes del sindicato, explicó la situación en Incoesa, después de que el conflicto se está alargando desde hace ya seis meses.

En el Parlamento de Gasteiz pidieron que se obligue a la empresa «en virtud a la declaración institucional aprobada el pasado mes de junio, que se obligue a devolver las ayudas recibidas, por valor de 2 millones, en caso de que la empresa no ponga fin a la deslocalización de la planta de Bedia». A su salida, los trabajadores reclamaron que se actúe con celeridad.