LAB propondrá impulsar el debate sobre un código laboral vasco
LAB anunció ayer que ante la creciente desregulación de las condiciones laborales solicitará a los grupos parlamentarios de Gasteiz e Iruñea que asuman que la negociación colectiva es también una cuestión política, por lo que les planteará que promuevan un debate sobre el marco propio de relaciones laborales y, en concreto, sobre un código laboral vasco. «Nadie nos puede impedir el debate», dijo Ainhoa Etxaide.
Ainhoa Etxaide, secretaria general de LAB, y Garbiñe Aranburu, responsable de Negociación Colectiva, dieron cuenta ayer de las iniciativas que pondrá en marcha este sindicato ante el «punto de inflexión» que supondrá el día 31 de diciembre, fecha en la que perderán su vigencia muchos de los convenios prorrogados desde el pasado 7 de julio.
Etxaide anunció que el próximo mes de enero iniciarán una ronda de contactos con los grupos parlamentarios de Gasteiz e Iruñea para exigirles «responsabilidad política», ya que la negociación colectiva «se ha dejado en manos de patronales y sindicatos» y ha habido una «dejación absoluta» en torno a este derecho. En concreto, planteará a los partidos que promuevan un debate sobre el marco vasco de relaciones laborales y, en concreto, sobre un código laboral vasco. «Independientemente de la plasmación que tengan las conclusiones de ese proceso, hay que decir que nadie nos puede impedir, al menos, que se abra el debate», dijo Etxaide.
Otras iniciativas de LAB serán continuar impulsando la negociación colectiva sectorial, como forma de superar el bloqueo actual, y la defensa de los convenios «empresa por empresa», con el fin de hacer frente a los intentos de las patronales de individualizar las condiciones laborales, algo que calificó como «el modelo más antiguo de relaciones laborales, sin derechos reconocidos ni regulados».
Junto a ello, solicitará a las instituciones que apuesten decididamente por la lucha contra el fraude fiscal, ya que se mostró convencida de que los empresarios «ocultan» los datos sobre sus beneficios a la hora de negociar las condiciones laborales. «Todos sabemos que aquí se sientan a negociar con la cuenta A, mientras el negocio está siempre en la cuenta B», afirmó.
En relación a esta cuestión, Garbiñe Aranburu se refirió a las declaraciones en las que el presidente de Adegi, Peio Guibelalde, aseguraba que en estos momentos el 50% de las empresas de Gipuzkoa está en pérdidas, un dato que a LAB no le «consta», porque «muchas» compañías «además de tener cuentas A y B, no registran sus cuentas» de resultados.
«Hay una obligación legal de registrarlas, pero las empresas prefieren pagar una pequeña sanción y seguir sin registrar sus datos contables», dijo Aranburu, quien aseguró que la empresa de Guibelalde es una de las que no registra esta documentación.
El CRL advierte de que el 60% de los trabajadores se quedará sin convenio el día 31
El presidente del Consejo de Relaciones Laborales (CRL), Tomás Arrieta, advirtió ayer de que el 31 de diciembre de 2013 serán ya 350.000 trabajadores de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, casi el 60% de la población asalariada sujeta a negociación colectiva, quienes se van a quedar sin convenio y «ante un abismo» en sus condiciones laborales.
En una entrevista en Radio Euskadi, Arrieta indicó que esa situación llegará después de que, tras la reforma laboral, el 7 de julio decayeran parte de los convenios y de que a final de año decaerán otros, lo que conllevará que en muchos casos las relaciones laborales se regulen según convenios estatales. Sin embargo, en muchos sectores esos convenios no existen o suponen una disminución de condiciones laborales, por lo que «aún no se sabe qué va a pasar con los derechos y las obligaciones de los trabajadores», dijo Arrieta.
La caída de los convenios podría conllevar una quiebra salarial y, aunque la mayoría de los empresarios han manifestado que mantendrán las condiciones laborales a sus trabajadores, «en muchos casos esas comunicaciones van acompañados de una advertencia expresa de que en términos estrictamente de obligaciones jurídicas las condiciones podrían ser modificadas» unilateralmente.
Arrieta denunció que la regulación de las condiciones laborales «no puede depender de la voluntad de una de las partes», sino que deberían asentarse sobre el acuerdo.
Desde el decaimiento de los primeros convenios, se han producido ya algunas sentencias judiciales que han obligado a las empresas al mantenimiento de las condiciones anteriores, pero «el panorama es muy confuso y los jueces no pueden solventarlo», dijo, porque el régimen jurídico derivado de la reforma laboral resulta «inseguro». En cualquier caso, opinó que las sedes judiciales «no son el lugar para resolver los problemas laborales». GARA
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