El Consejo de Estado, un tribunal de Ankara encargado de asuntos administrativos, bloqueó ayer una orden del Gobierno turco para que la Policía divulgue sus investigaciones emitida a raíz del caso de corrupción masiva que salpica al Ejecutivo del primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, en lo que se considera un desafío directo a la autoridad del jefe del Gobierno.

El Ejecutivo había ordenado el pasado 21 de diciembre que los agentes responsables de cualquier investigación estaban obligados a compartir la información con sus superiores. Junto con el cese y traslado de cientos de mandos policiales en los últimos días, la medida posibilitó el bloqueo de una segunda oleada de detenciones entre personas afines al Ejecutivo.

La resolución del Consejo de Estado se produce después de que el jueves el Consejo Supremo de Jueces y Fiscales (HSYK) advirtiera de que la iniciativa del Gobierno era inconstitucional y que suponía una «clara ruptura del principio de separación de poderes».

Ante esta declaración, Erdogan acusó a jueces y fiscales. «Quiero llevar a juicio al Consejo Supremo por violar el artículo 138 de la Constitución al hacer una declaración sobre cualquier cambio en las leyes en relación a un caso todavía en curso», afirmó durante un mitin. Añadió que el Consejo «es una vergüenza» y «ha cometido un delito. ¿Quién lo juzgará? Yo lo juzgaría ahora mismo, si tuviera la autoridad. Pero lo juzgará la nación».

Erdogan reprochó a los fiscales haber estigmatizado al Ejecutivo sin pruebas e insistió en que todo el escándalo en el que se encuentran implicadas personalidades cercanas al poder, hombres de negocios, hijos de ministros y que afectaría incluso a su propio vástago, forma parte de un complot contra el.

Erdogan ve un complot

Sin nombrarlo, apuntó al predicador Fetullah Güllen, líder de una cofradía islamista con fuertes lazos con las instituciones judicial y policial. «Los recientes acontecimientos son una consecuencia del asunto de las escuelas privadas», acusó Erdogan. Güllen declaró la guerra al Gobierno por el proyecto de suprimir estas escuelas que suponen la principal fuente de financiación de su hermandad.

Además del golpe que significa para Erdogan la decisión del Consejo de Estado, el Ejército turco, que históricamente ha tutelado la política del país, advirtió ayer de que no se inmiscuirá, «como siempre ha sucedido en el pasado», en «peleas políticas», después de que un aliado de Erdogan diera a entender que el objetivo último es un golpe de Estado militar.

«Las Fuerzas Armadas Turcas no se quieren involucrar en un debate político. Por otro lado, seguiremos de cerca el desarrollo de los acontecimientos», matizó en su página web.

La crisis ha llevado a la calle, en Estambul y Ankara, a cientos manifestantes que exigen la dimisión de Erdogan. La Policía utilizó ayer gas lacrimógeno y cañones de agua para dispersarlos.