El Gobierno español no cambiará su política penitenciaria ni pondrá fin a la dispersión. Así lo anunció ayer el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que aprovechó la presentación del Balance de Seguridad Vial 2013 para valorar el último comunicado del Colectivo de Presos y Presas Políticos Vascos (EPPK). Una declaración, hecha pública el pasado sábado, en la que los represaliados asumen su responsabilidad «sobre las consecuencias derivadas» de su «actividad política» en el conflicto, expresan su voluntad de «analizar la responsabilidad de cada uno» de ellos, y muestran su disposición a «estudiar y tratar la posibilidad de que el proceso que culmine con nuestra vuelta a casa se efectúe de manera escalonada».

Pero estas palabras, que suponen un paso inédito y dan cuenta del compromiso adquirido por EPPK, no han propiciado un cambio en la actitud del Ejecutivo derechista, que no da «ningún valor» al comunicado. «La agenda del Gobierno no va a estar pendiente de los comunicados de propaganda, teatralización y escenificación que ETA y sus presos decidan en cada momento», remarcó el ministro, que, una vez más, afirmó que la dispersión está «plenamente avalada por los órganos jurisdiccionales encargados de velar por la ejecución de las penas».

Es más, sin reparar en que los y las presas asumen su responsabilidad en el conflicto, Fernández Díaz señaló que los integrantes de EPPK «no han pedido perdón a sus víctimas, no se han arrepentido de sus crímenes, no se han desvinculado de ETA, ni han manifestado su intención de colaborar con las autoridades judiciales». «Han dicho que causaron daño, muchas gracias, lo sabemos perfectamente», ironizó, restando importancia al sufrimiento generado por los agentes implicados en el conflicto armado que vive Euskal Herria.

En cuanto a la vuelta a casa de los presos y presas, que permanecen dispersados, lejos de sus familiares y allegados, el titular de Interior subrayó que «los requisitos para acogerse a los beneficios penitenciarios están establecidos por la ley». En este sentido, recordó que mientras ETA «persista» o los presos no se desvinculen de esta organización «de manera pública, clara y evidente», el Estado seguirá alejando a los represaliados vascos. «Si quieren que se les deje de aplicar la política de dispersión, la ley es la referencia», relató.

Tras señalar que en el Estado español no existen presos políticos, pese a que en el caso de los represaliados vascos sus condenas y sus acciones tienen una motivación política, Fernández Díaz dejó claro que Madrid no piensa atender las instancias que puedan remitir los integrantes de EPPK, que, tal como recoge la ley, pueden solicitar beneficios penitenciarios. «Si ese comunicado es nada, una fotocopia de ese comunicado es más que nada», sentenció.

«Repugnante y deleznable»

Por otro lado, el ministro se refirió a la rueda de prensa prevista para hoy en el Kafe Antzokia Plateruena de Durango, donde el grupo de mediadores de EPPK junto a los presos y presas liberadas tras el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el pasado mes de octubre dejó sin efecto la doctrina 197/2006 del Tribunal Supremo español- realizará una valoración del último comunicado.

A su juicio, esta convocatoria es «repugnante» y «absolutamente deleznable». «El lugar donde se ha convocado el akelarre es un antiguo matadero. No sé si lo eligieron con ese conocimiento previo, pero va muy bien para el caso», manifestó Fernández Díaz, que durante su intervención anunció que el juez Santiago Pedraz ha solicitado sendos informes sobre el evento a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, tras el de la Ertzaintza. Cuestionado sobre la posible ilegalización de Sortu y Bildu, de asistir al acto de Durango, el responsable de las Fuerzas de Seguridad del Estado reiteró que el «contador -de la ilegalización- hace tiempo que dejó de estar a cero». «Que tengan muy claro Bildu y Sortu lo que dijo el Tribunal Constitucional y la Ley de Partidos Políticos, que están muy vigentes. Legalidad no significa impu- nidad», concluyó.