El expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010) acaba de poner una serie de condicionamientos para la firma de los acuerdos de paz con las FARC-EP y, eventualmente, con el ELN. Exige que se castigue con cárcel a «los criminales de delitos atroces», no se les permita constituirse en partido político ni ser congresistas. Pide también un aumento salarial para los policías, la libertad condicional para aquellos que estén presos por lo que llama «hechos del servicio y la exploración de un instrumento de revisión de sentencias». Para el ahora candidato al Senado «la falta de justicia es mal ejemplo a las nuevas generaciones».

En 2006, siendo él presidente, se destapó el escándalo de la «parapolítica». Los medios empezaron a hacerse eco de los nexos de congresistas con los paramilitares. Desde entonces, al menos 90 senadores y congresistas han sido o son investigados y procesados -y en algunos pocos casos condenados- por la Corte Suprema de Justicia por nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia, oficialmente desmovilizadas tras una negociación con Uribe.

En 2008, también bajo su mandato, se conocieron los llamados «falsos positivos»; es decir, el secuestro y muerte por parte del Ejército de civiles, la mayoría en situación de vulnerabilidad, para presentarlos como guerrilleros fallecidos en combate. Aunque el caso más emblemático es el de los 19 jóvenes de Soacha, en febrero de 2005, el Ejército y los paramilitares mataron conjuntamente en San José de Apartadó a varios civiles, entre ellos tres niños que fueron degollados y descuartizados. Posteriormente, se impulsó una campaña para culpar a las FARC de esta masacre. Y hace tan solo un par de semanas, «The Washington Post» reveló un plan secreto entre George W. Bush y Uribe para matar a líderes de las FARC. Este programa de la CIA sigue en activo.