Diez colectivos sociales y sindicales en Hego Euskal Herria se encuentran ya en el último suspiro para conseguir firmas para que la Unión Europea tenga en cuenta y debata sobre la implantación de una renta básica universal. Termina el plazo el próximo 14 de enero. Tinixara Guanche, de Argilan, y Xabier Abian, de la Asamblea Abierta en Favor de las Prestaciones Sociales, reconocen que esta iniciativa ha permitido remover los cimientos de muchas personas. Les ha hecho pensar si un ingreso de este tipo podría resolver o minimizar, por ejemplo, los problemas actuales de aumento del riesgo de la pobreza y la exclusión social, o si, en cambio, serviría en un caso de crisis económica como el actual con una tasa de desempleo tan elevada, para mejorar las condiciones de las personas. Daniel Raventós, uno de los responsables de la Red de Renta Básica Universal, iniciativa que comenzó a debatirse ya hace más de trece años, reconoció a GARA que «esa medida es una alternativa directa a la crisis y a la explotación en el mercado laboral».

Porque la renta básica universal se define como «un ingreso pagado por las arcas públicas a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente, incluso sino quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o dicho de otra manera, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva».

Tinixara Guanche y Xabier Abian consideran que sería un elemento que «beneficiaría a hombres y mujeres por igual» y «redistribuiría las rentas». Ambos confirmaron que no creen que alcancen el millón de firmas que les pidió la Unión Europea para tramitar esta iniciativa ciudadana. «Hasta el pasado 18 de diciembre llevábamos 200.000 firmas. No decaemos -explicaron- porque hemos conseguido, de nuevo, poner el debate en primer plano entre más colectivos».

Como indicaron, «no es una fórmula mágica, sino una herramienta más que permite, entre otras cosas, que no haya una evaluación del modelo de convivencia y garantiza la libertad de decidir si se quiere trabajar o no en un empleo remunerado». A la vez, permite que «un trabajador no tenga que aceptar, como está ocurriendo en este momento de crisis y de precariedad laboral, cualquier empleo. Supone una desmercantilización del trabajo». Entre otras ventajas que ambos destacan es que provocaría «una desestigmatización de la carga que los actuales perceptores de ayudas sociales sufren, a pesar de ser un derecho que todos los habitantes tenemos».

Estos colectivos que están impulsando la Renta Básica Universal también trabajan dentro de la Carta de los Derechos Sociales para Euskal Herria. Xabier Abian y Tinixara Guanche entienden que podría adoptarse también en la Carta Social «si prospera en el debate que estamos desarrollado y que está avanzado».

Uno de los principales problemas con los que los impulsores de esta iniciativa chocan es que esa renta se daría por igual a ricos como a pobres. El equilibrio se logrará, sin embargo, en el modelo impositivo, porque «un rico tendría que pagar bastante más en impuestos. Perjudica solo al 10% más rico», dijeron. Ambos portavoces entienden que todavía «debe calar más en la sociedad. Ya nos gustaría que la discusión estaría en si es rentable y viable o quiénes deben ser sus perceptores». Dejaron claro que la implantación de una iniciativa de estas no supone que «la gente deje de trabajar. No. Todos somos activos y mucho de nuestro trabajo no se remunera hoy en día». También creen que «impulsa el desarrollo ecológico, porque permite el decrecimiento»

Hay un hecho real. La Red de Renta Básica Universal, que tiene su sede en Barcelona, ha realizado estudios que confirman que es económicamente viable en Catalunya. Tendría un coste 53.000 millones con una renta de 664 euros para los mayores de 18 años y 1.594 euros anuales para los menores.