La evolución de los acontecimientos en torno a la central nuclear de Garoña tiene dosis de ridículo y en ocasiones podría resultar cómica si sus dosis de burla, imposición y peligro no fuesen tan elevadas. A estas alturas, cuando la obsoleta central debería haber estado definitivamente cerrada hace años, y después de medio año de cierre oficial, Madrid continúa empeñado en la reapertura y funcionamiento de la central. Esa actitud no es nueva, y ayer la ratificó por medio de su secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, quien dijo que el Gobierno español ultima el decreto que posibilitará la apertura de la central, cerrada tras la negativa de Nuclenor a continuar con su actividad por considerar su coste «inasumible».

Inasumible e inaceptable es la actuación de los sucesivos gobiernos de Madrid respecto a Garoña. El PSOE, tras prometer su cierre, cuando ganó las elecciones prorrogó la actividad de la central; después, el PP no respetó el cierre decretado y dio una nueva opción de prórroga a la empresa. Y sigue empecinado en que la vieja e insegura central siga en funcionamiento, en prorrogar por decreto el peligro de los ciudadanos, mostrando su desprecio por la seguridad de todos ellos.