La vista oral del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional española contra cerca de cuarenta jóvenes vascos a causa de su militancia independentista afronta ya la fase de conclusiones, y la Fiscalía ha decidido mantener la petición de seis años de prisión para cada uno de los imputados, mostrando así que toda la exposición de pruebas y testimonios no ha servido para alterar su posición al respecto. No sorprende en un proceso eminentemente político, heredero de muchos otros que se han desarrollado en el tribunal especial, pero sí permite constatar que la cerrazón del Estado permanece inalterable también en este ámbito.

La petición de cárcel contra decenas de personas cuyo único delito probado es haber trabajado en clave de país forma parte de la inercia represiva que siempre ha guiado la actuación del Estado en todo lo concerniente a Euskal Herria, la misma que provocó la operación policial de hacer diez días contra la interlocución de EPPK y la prohibición de la movilización convocada por Tantaz Tanta. El mensaje, en este caso remitido por el Ministerio Público, es que aquellos que anhelan un cambio en clave democrática deben perder toda esperanza.

Y, sin embargo, esperanza es precisamente lo que representan para muchísima gente los jóvenes que se sientan desde hace meses frente al tribunal español. La esperanza de un futuro mejor, de un porvenir liderado por una generación comprometida con su pueblo, con las gentes que lo habitan y con unos ideales irreprochables. Una juventud que ha respondido con entereza al trago de ser juzgado sin motivo y de relatar ante propios y extraños el maltrato sufrido a manos de sus captores, y que después ha sido capaz de regresar cada semana a Euskal Herria con ganas de seguir trabajando. Lo que se pretende castigar es ese compromiso, esa entereza y, sobre todo, esas ganas de continuar aportando. En definitiva, la vitalidad de quien con su ejemplo y por oposición pone de realce la decrepitud de un Estado que no puede alardear de ninguna de esas virtudes.