2014/01/18

Otra ligereza de Velasco: Orkolaga no huía, la llevaban al médico

El juez Eloy Velasco acusa a la ahora encarcelada Aintzane Orkolaga de «tratar de huir en moto ayudada por su hermana» cuando iban a proceder a su detención. Pero, en realidad, le llevaba a un especialista para realizarle una ecografía del tobillo e iba en moto con su hermana porque debido a esa lesión no puede caminar. Así lo ha documentado el médico que la atiende, en un escrito que obra en poder de este diario. Un nuevo exceso judicial en este sumario.

Iñaki IRIONDO GARA
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Anteayer, GARA publicó que el juez Eloy Velasco, firmante de la detención y encarcelamiento de ocho interlocutores del EPPK, acusaba al abogado Jon Enparantza de ser «capaz de desobedecer» la orden de no salir del Estado español, «sustrayéndose temporalmente a la acción de la justicia», en base a un billete de tren París-Hendaia hallado en el registro, cuando en realidad tenía la autorización del Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional para realizar dicho viaje. Hoy desvelamos otro punto del mismo auto, en el que el magistrado se deja llevar por la presunción de culpabilidad de una detenida, en lugar de explicar la verdad de los hechos.

En su auto de prisión, el juez Eloy Velasco asegura que «la sra. Orcolaga trató de huir en moto ayudada por su hermana», lo que, junto a otros ejemplos que pone, «constituyen indicios claros del dolo y la conciencia de los detenidos de su responsabilidad grupal delictiva».

Pero lo cierto es que, donde el juez de la Audiencia Nacional dice ver un intento de huida, no había más que una visita a un centro médico para realizar una ecografía con motivo de una lesión de tobillo. En realidad, Aintzane Orkolaga se dirigía a la Clínica del Pilar, en Donostia, para hacerse una ecografía del tobillo, e iba en moto con su hermana porque debido a la lesión, que le obliga a andar con muletas, no puede desplazarse por sí misma.

De hecho, según han indicado a este diario fuentes conocedoras de lo ocurrido, la Guardia Civil supo el verdadero motivo del desplazamiento de la detenida, puesto que le facilitaron los medios para anular la cita médica.

GARA tiene en su poder el documento expedido por el doctor especialista en rehabilitación y medicina deportiva que llevaba el caso de Orkolaga y que certifica que su paciente tenía ese día cita a las 16.00 con otro especialista, «para efectuar una exploración mediante una ecografía de partes blandas por la lesión que sufre en su tobillo».

Por eso iba en moto con su hermana, y no con la intención de huir. De hecho, en las imágenes de la detención se ve a Orkolaga con muletas y los traslados a la Audiencia Nacional los hizo en ambulancia.

Da la impresión de que en este auto el juez Eloy Velasco busca siempre la interpretación más negativa para la persona detenida de entre todas las evidencias con las que se topa. En el caso de Jon Enparantza, la aparición de un billete de tren París-Hendaia de 20 de noviembre, «usado 15 minutos antes del inicio del horario de salida y picado por interventor en el transcurso del viaje», fue entendida como la demostración de que «el imputado es capaz de desobedecer sustrayéndose temporalmente a la acción de la justicia española».

Sin embargo, el letrado Jon Enparantza contaba con la autorización del juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que dirige Javier Gómez Bermúdez, para desplazarse a la capital francesa entre «los días 10 de octubre y 16 de diciembre de 2013, ambos inclusive», con el «objeto de asistir como abogado defensor en los procedimientos y vistas a celebrar en el TGI de París».

El embajador francés sostiene la política española

El embajador francés en el Estado español, Jérôme Bonnafont, rechazó ayer que su Gobierno decida excarcelar a presos vascos o haga cambios en la política penitenciaria si ETA se disuelve. En un desayuno informativo en Madrid, y a preguntas de los periodistas, señaló que «hay una ley que describe muy precisamente lo que hay que hacer con los presos». «Y es el juez», apostilló, el que decide «dónde» va a cumplir condena un preso. «No es la Administración, no es el Gobierno. Es el juez», remarcó, para añadir que «no hay que hacer casos particulares para unos u otros» presos. Sin embargo, a renglón seguido, el embajador afirmó, que la estrategia de su Gobierno «es muy simple. Solidaridad con España para la erradicación del terrorismo. Desde este punto de vista, no hay que discutir sobre mucho más». GARA

Rajoy avisa a Urkullu de que «no habrá cambios en política penitenciaria»

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, despachó ayer con apenas seis palabras su rechazo a cambiar la política penitenciaria, tal y como le vienen pidiendo el Ejecutivo autonómico, la mayoría de partidos vascos y gran parte de la sociedad. «No hay cambios en política penitenciaria», se limitó a decir, cuando se le cuestionó acerca de su próxima reunión con el lehendakari, Iñigo Urkullu, en la que se abordará esta materia.

Ya el pasado día 15, en Washington, Rajoy aseguró que no tiene «ninguna intención» de cambiar la política penitenciaria en relación con los presos vascos, como le demandan el PNV y el Gobierno de Lakua entre otros muchos. Lo comentó en una conversación informal con la prensa española al término de su visita oficial a Estados Unidos, en la que negó tajantemente estar pensando en poner fin a la actual política de dispersión o excarcelar a reclusos enfermos.

La negativa de ayer tuvo lugar en un ámbito más oficial y público, en la rueda de prensa conjunta ofrecida junto al presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso.

Entre tanto, desde el Gobierno de Lakua, se empieza a ver ya como «urgente» la necesidad de que el presidente español se reúna con el lehendakari. Según explicó su portavoz, Josu Erkoreka, el Ejecutivo autonómico «está esperando a que Mariano Rajoy decida, cuanto antes, un momento disponible para poder celebrar un encuentro que siempre es positivo, pero que, en este momento, empieza a ser urgente».

En declaraciones a Radio Popular-Herri Irratia, Erkoreka señaló que debería producirse inmediatamente un cambio de política penitenciaria porque «los pluses de dureza que se han venido aplicando en los últimos años tenían que ver con una concepción de la política penitenciaria que entendía que esta era un instrumento adicional de la política antiterrorista». Pero, según afirmó, «en el momento en el que ETA abandona las armas, ya no tiene sentido mantener una política penitenciaria en clave antiterrorista». GARA.

Ardanza: «La herida no se cerrará si se pide que los presos se pudran en prisión»

La exlehendakari José Antonio Ardanza advirtió ayer de que si lo que se pretende que los presos vascos «se pudran en la cárcel y mientras vivan permanezcan ahí», eso va a impedir que «se cierre esta desgraciada herida». Asimismo, incidió en que el soberanismo ha existido mucho antes de la organización armada y, por ello, «el que ETA desaparezca no quiere decir que desaparece la reivindicación nacionalista vasca».

En declaraciones a Radio Euskadi, Ardanza recordó que el Pacto de Ajuria Enea, suscrito en 1988, contemplaba la salida de los presos cuando mostraran su rechazo al uso de la violencia, así como el diálogo con la propia ETA cuando mostrara de manera inequívoca su adiós a las armas.

El lehendakari criticó además la «cerrazón» del PP, que considera «poco inteligente». A su juicio, al margen de los «problemas internos que se deriven de sus comportamientos», si quiere tener una visión de Estado «este tema debe abordarlo».

«Cuando oigo que `todo es ETA', eso significa que un señor de ETA entró en el Ministerio español de Hacienda con los saludos de la Guardia Civil o quien estuviera en la puerta», señaló en referencia a la presencia de este jueves del diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, en Madrid con motivo del acuerdo sobre impuestos.

En su libro de memorias, publicado a finales de 2011, José Antonio Ardanza recordó que en las negociaciones del Pacto de Ajuria Enea, suscrito el 12 de enero de 1988, todos los partidos firmantes aceptaron la excarcelación de los presos de ETA cuando se produjera el fin de la lucha armada. Aquellos que no tuvieran delitos de sangre serían indultados, mientras que los que hubieran participado en atentados con muerte serían enviados al exilio en unos años. El punto no se puso por escrito a petición de Julen Gimón, de AP. GARA