Los trabajadores de Incoesa reclamaron ayer tanto al administrador concursal como al Gobierno de Gasteiz que se impliquen en la búsqueda de una solución que permita volver abrir la planta de Bedia, dedicada a la fabricación de transformadores eléctricos.

Los representantes de la plantilla, que hoy cumplie 239 días de huelga contra el traslado de la producción a Soria y Extremadura, señalaron en rueda de prensa que el conflicto se encuentra en «un momento clave» tras la denegación judicial al traslado de trabajadores y la exigencia a la empresa de que sean devueltas ayudas públicas de las que se ha beneficiado.

La Diputación de Bizkaia aprobó la semana pasada la declaración de deslocalización de dos de las sociedades del grupo, Incoesa-Trafos e Incoesa-Trafodis, al considerar que la firma ha abandonado el territorio. Dicha declaración constituye el primer paso para exigir la devolución de los más de 150.000 euros en ayudas recibidos.

La decisión de la Diputación se conoció días después de que el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbo diese la razón a los trabajadores al denegar los traslados planteados por la dirección a Soria y Extremadura.

Por un plan de viabilidad

El representante del comité de empresa Pedro Mendo exigió a la empresa y a la administración concursal que no opten por despedir a la plantilla y no cierren la planta, sino que trabajen un plan de viabilidad que permita su mantenimiento.

Los trabajadores destacaron el expediente abierto por la Diputación, pero puntualizaron que no quieren multas, sino que el dinero de las ayudas que se debe devolver se invierta en iniciativas que permitan el mantenimiento de la actividad de la planta, que consideran viable.

El comité denunció que siguen esperando una reunión con la consejera Arantza Tapia y expresó su temor de que Lakua les oculte información.