El Gobierno de Cuba autorizó ayer que los ciudadanos cubanos alquilen viviendas y comercios a empresas inmobiliarias, según un decreto que precisa que en estos locales no se podrán instalar «sedes diplomáticas, escuelas internacionales, agencias de prensa u organizaciones no gubernamentales».

El Gobierno establecerá unas tarifas mínimas mensuales por cada metro cuadrado en pesos convertibles, excepto los terrenos que se encuentren en el exterior de los inmuebles, aunque el precio total variará, en función de los acuerdos a los que puedan llegar ambas partes o la situación geográfica del inmueble, así como el uso que se le dé al mismo.

Así, el metro cuadrado de los inmuebles destinados a convertirse en vivienda valdrá cinco dólares, mientras que los que tengan la calificación de almacén o local comercial tendrán una tarifa mínima de diez dólares por metro cuadrado. Los servicios de agua, electricidad, teléfono, gas, alcantarillado, televisión por cable o Internet se prestarán a través de entidades prestatarias.

Hasta ahora solo los extranjeros residentes en la isla o instituciones podían alquilar locales a las inmobiliarias, públicas o con capital mixto.

Demanda de locales

Se trata de otro paso en las reformas económicas del gobierno, que tratan de desarrollar el sector privado en Cuba.

Con una población de 11,1 millones de habitantes, Cuba cuenta con casi 445.000 trabajadores en el sector privado o «autoemprendedores», principalmente en el sector servicios, que ha creado una fuerte demanda de locales de uso comercial.

El mercado inmobiliario comenzó a desarrollarse en los años 90 con las primeras reformas, que hicieron aparecer empresas inmobiliarias. A finales de 2011, el gobierno de Raúl Castro autorizó las transacciones inmobiliarias entre particulares.