2014/01/27

La Guardia Civil tenía un plano del despacho de Bilbo antes de iniciar la redada

Cuando la Guardia Civil irrumpió en el despacho de la calle Elkano de Bilbo tenía en su poder un mapa donde habían coloreado las supuestas zonas comunes y colocado las fotos de Arantza Zulueta y Aitziber Sagarminaga en los puntos donde los agentes ubicaban sus puestos de trabajo. Así quedó reflejado en el acta después de que uno de los letrados pudiese ver ese plano, lo que ha incrementado la sospecha de que el CNI pudo entrar de forma ilegal a las oficinas.

Alberto PRADILLA
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Los agentes de la Guardia Civil que el 8 de enero irrumpieron en el despacho de abogados de la calle Elkano de Bilbo llevaban un plano de las oficinas en el que habían marcado los lugares en los que se ubicaba la zona de trabajo de Arantza Zulueta y Aitziber Sagarminaga. Así consta en el recurso contra las encarcelaciones dictadas por el juez Eloy Velasco, en el que se denuncia que los arrestos vulneraron el derecho a la libertad, a la defensa y a la tutela judicial efectiva de los ocho ciudadanos vascos que permanecen en prisión desde el pasado día 13.

El croquis, que los agentes mostraron a la secretaria judicial que participó en el registro, es uno más de los indicios que hacen sospechar que la Guardia Civil o el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) habrían podido acceder de forma ilegal al despacho antes de poner en marcha la redada. Unas prácticas irregulares que cobrarían mayor gravedad si se toma en cuenta que esa oficina es el lugar de trabajo de varios abogados, cuya labor está especialmente protegida por la ley.

Los uniformados no ocultaron este plano, en el que se habían marcado de un color aquellas que consideraban como «zonas comunes» mientras que las fotografías de Zulueta y Sagarminaga señalaban los puntos donde los agentes habían ubicado sus puestos de trabajo. Después de que uno de los letrados observara el croquis que manejaban los uniformados, estos se lo entregaron a la secretaria judicial, que tuvo que hacerlo constar en el acta a petición del abogado.

Filtraciones a la prensa

No era la primera ocasión en la que la Guardia Civil irrumpía en estas oficinas. Pese a ello, el hecho de que llevasen un plano delimitando las estancias y que estuviese elaborado antes de que los agentes pusiesen un pie en el despacho ha alimentado las sospechas de que se hayan producido registros «al margen de la legalidad vigente», tal y como indica el recurso. En estos podría estar implicado el CNI. No en vano, su participación en la denominada operación «H-Alboka» (desarrollada en 2010 y en la que fueron detenidos también Zulueta y Jon Enparantza) está fuera de toda duda. Recientemente, Javier Gómez Bermúdez, titular del juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional española y encargado de aquella redada, solicitó la desclasificación del expediente de intervención de comunicaciones telefónicas.

«Una vez constatada la existencia de esas escuchas, cabe pensar que en la actualidad las mismas persisten», advierten en las alegaciones, en las que se recuerda que medios como «El Mundo» ya han filtrado supuestas conversaciones mantenidas por los letrados. No obstante, fuentes de la defensa confirmaron a GARA que, al menos en esta causa, no existe ningún auto judicial que las autorice.

De todos modos, ni siquiera este inexplicable plano evitó que los uniformados se incautasen de documentos y efectos informáticos relacionados con la actividad laboral tanto de los detenidos como de otros letrados que trabajan en el mismo despacho. Un material que, en teoría, sigue precintado en la sede del tribunal especial.

Los abogados de Bilbo y Hernani ya transmitieron a Velasco su disconformidad con la forma de actuar de la Guardia Civil y calificaron los registros de «plagados de irregularidades».

Operación propagandística

Los indicios sobre la posible entrada de agentes españoles en el despacho sin autorización del juez constituyen un elemento más para poner en cuestión una operación que, desde el primer momento, dejó clara su vocación propagandística. Más de una hora antes de que la Guardia Civil iniciase los registros, el Ministerio del Interior ya había difundido una nota de prensa anunciando la redada, lo que terminó costando el puesto al ya exjefe de Comunicación del departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.

A ese primer supuesto error de Interior le siguieron varias ligerezas cometidas por Eloy Velasco, el juez instructor, en el auto con el que ordenó el ingreso en prisión de los ocho detenidos. Por ejemplo, afirmó como prueba de cargo que Enparantza habría viajado al Estado francés pese a tenerlo prohibido desde que fue excarcelado dentro de la causa «H-Alboka», sin tomar en cuenta que pudo realizar ese viaje porque el propio juez Gómez Bermúdez así lo autorizó.

También aseguraba el magistrado que Aintzane Orkoaga trataba de «huir en moto» ayudada de su hermano, cuando en realidad se dirigía al médico porque tenía cita concertada debido a un problema en el tobillo que le dificultaba caminar.

ESCUCHAS. El juez Gómez Bermúdez ya solicitó la desclasificación de las escuchas del CNI desarrolladas antes de la operación denominada «H-Alboka», en la que también se arrestó a Zulueta y Enparantza.