Tailandia se prepara para las elecciones legislativas de mañana con la amenaza de boicot de la oposición y de los manifestantes que amenazan con asediar las oficinas de voto, como hicieron en la jornada electoral adelantada en la que se quemaron varios colegios electorales para impedir el triunfo del partido en el poder. Las protestas provocaron entonces una decena de muertos.

Desde el pasado jueves bloquean ya varias oficinas de correos para impedir el reparto de papeletas, pero su movilización en la calle comenzó hace al menos tres meses. Su objetivo es expulsar del poder a la primera ministra, Yingluck Shinawatra, y a su partido, a la que ven como una marioneta de su hermano, Thaksin, ex primer ministro en el exilio que destituido por un golpe de Estado y está condenado por malversación.

Una ley de amnistía que pretendía aprobar el Gobierno y permitiría su regreso fue la chispa que desató la revuelta a finales de octubre. Los opositores, dirigidos por Thusep Thaugsuban, líder del Partido Demócrata, se oponen a un sistema de corrupción generalizada y han ocupado varios ministerios y acampado en varias avenidas de Bangkok durante semanas.

Pero la oposición no ha conseguido ganar unas elecciones legislativas en veinte años y en las de mañana se prevé, igualmente, otro triunfo de Puea Thai, partido en el poder.

Por ello, los manifestantes ya no quieren elecciones, sino que exigen la creación de un denominado «consejo del pueblo» no elegido, que se encargaría de llevar a cabo reformas para cambiar un sistema que consideran corrupto antes de convocar elecciones, no antes de un año. Thaugsuban encabezó el jueves otra marcha para pedir a la población que no vote y se una a la manifestación que ha convocado durante la jornada electoral. La previsión de incidentes ha hecho que el Gobierno despliegue 129.000 policías y el Ejército se encuentra en situación de máxima alerta, sobre todo en Bangkok, donde sigue vigente el estado de excepción.

Pero aunque se consiguiera llevar a cabo la votación, ningún resultado parece que solucionaría la crisis. Aunque se presentan 53 partidos, el boicot activo del principal partido opositor podría impedir que la comisión electoral presente resultados oficiales. Además, la ausencia de candidatos en muchas circunscripciones puede hacer que el Parlamento no consiga diputados suficientes para poder reunirse y debería esperar el resultado de elecciones parciales, que pueden tardar meses. Sin Parlamento no puede haber Gobierno con lo que Tailandia se hundiría en una incertidumbre legal y política que acentuaría la actual crisis.

Además, el Tribunal Constitucional podría invalidar el resultado, como hizo en 2008, cuando obligó a la dimisión del Ejecutivo en una especie de golpe de Estado judicial tras las movilizaciones de los «camisas amarillas» opositores. Y tampoco es descartable un golpe del Ejército en un país que ha sufrido 18 asonadas desde 1932. El de 2006 expulsó a Thaksin Shinawatra, que había sido elegido en 2001. Su partido volvió a ganar las elecciones en 2007 y gobernó apenas un año hasta la nueva revuelta. Se repetiría así el ciclo de elecciones-protestas-golpe de Estado, que no es nuevo en Tailandia.

Para aumentar la incertidumbre, varios electos del Puea Thai están amenazados de inhabilitación por un intento de reformar la Constitución y la propia Yingluck es objeto de una investigación anticorrupción.

Batalla de intereses

Para Paul Chambers, de la universidad de Chiang Mai, se trata de «una batalla de intereses entre las élites». Por un lado, se encuentran los Shinawatra y sus aliados, con gran apoyo popular, sobre todo en el norte, y entre las clases más desfavorecidas, rurales y urbanas. Su política de ayuda sociales y el desarrollo de las zonas agrícolas del norte sostiene este apoyo.

Por el otro lado, se encuentran las élites urbanas con el apoyo de los aparatos del Estado -monarquía, Ejército y tribunales-, pero que no consiguen ganar las elecciones.

Hasta ahora, los «camisas rojas» que apoyan a Thaksin no han se han movilizado en Bangkok, donde han evitado la confrontación con los «camisas amarillas». Sí lo han hecho, en cambio, en ciudades del norte del país, donde gozan de un amplio apoyo.

Pero un eventual golpe de Estado podría sacar a la calle a los seguidores de Thaksin y hacer estallar los enfrentamientos. En 2010, sus protestas acabaron con un asalto del Ejército y al menos 90 muertos y casi 2.000 heridos. Esta es la advertencia de los «camisas rojas» y su presidenta, Thida Thavornseth, que alertan de una posible confrontación civil. «Lo mejor para el país y el Gobier- no es celebrar elecciones. Todo debería hacerse de cuerdo con la Constitución y la ley, de otra forma nos enfrentamos a una confrontación civil», señala Thida, presidenta del Frente Unido para la Democracia y contra la Dictadura. Asegura que las protestas son un plan de las clases acomodadas para restar poderes al Parlamento. Pero también critica al Ejecutivo de Shinawatra por el proyecto de ley de amnistía que podría posibilitar el regreso de su hermano Thaksin. «No es el mejor Gobierno, pero es el que eligió el pueblo», señala esta activista.

El apoyo de la población del norte

La primera ministra limita sus apariciones públicas en la capital por razones de seguridad, pero en los campos del noreste del país ella y su familia son considerados como héroes. En el Isal, región donde vive una tercera parte de la población tailandesa, es clave en el continuo éxito electoral de los Shinawatra. «Antes de Thaksin ningún político venía por aquí», explica Somsamai Paporn, que regenta una tienda donde muestra orgulloso su colección de camisetas rojas con la imagen de Yingluck y Thaksin. «Dicen que la gente del Isan es estúpida y perezosa, pero somos la columna vertebral del país. Hacemos crecer el arroz que come Bangkok, construimos los bellos edificios en los que viven. Les duele tanto que nos odian, pero no se preocupe, ahora nosotros también los odiamos», añade. Somsamai explica cómo un microcrédito de 22 euros en 2006, obtenido por una ayuda del Gobierno de Thaksin cambió la vida de su familia.

Por el contrario, los opositores a Thaksin y a su hermana ven una amenaza para una jerarquía social que tiene como piedra angular a la monarquía y consideran las políticas sociales un lastre para la economía, sobre todo las subvenciones a los cultivadores de arroz.