El Gobierno de Patxi López subcontrató una UTE para hacer frente a la demanda telefónica de cita previa a nivel corporativo, «invirtiendo en una máquina para la gestión telefónica de citas llamada IVR y valorado todo ello en 30 millones». Tras el cambio de Gobierno, según denunció ELA, «se han modificado los criterios de gestión, llevando al desuso de la máquina».

ELA considera que «es intolerable que se malgaste el dinero público de esta manera. Parece que nuestros gobiernos necesitaban una compra faraónica para malgastar recursos públicos tal y como ha sucedido en otras comunidades».

La central sindical critica que se produzca este despilfarro en «un contexto de recortes generalizado y cuando la plantilla de Osakidetza ha perdido un 17% de su poder adquisitivo».

Otro hecho grave es que esta modificación de la gestión de las llamadas «puede suponer el despido de 17 personas y el Gobierno Vasco todavía no ha aclarado que va a suceder con ese personal».

Las citas telefónicas se derivarán a cada organización sanitaria en vez de centralizarlas como hasta ahora, lo que desconocemos es como se va a hacer frente a esta nueva carga de trabajo.