El Gobierno español ha explicado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, la inevitabilidad de la aplicación de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que ha supuesto la excarcelación de decenas de presos mantenidos en prisión de forma irregular. A partir de una queja formulada por la asociación Dignidad y Justicia, el Ministerio de Interior, la Abogacía del Estado y la Fiscalía General han dado cuenta de los detalles técnicos de la aplicación y límites del fallo de la Corte de Derechos Humanos.

A la Secretaría de Estado de Seguridad se le preguntó por «las medidas de protección de las víctimas» adoptadas «tras las excarcelaciones» y responde que se ha reforzado la información y «los mecanismos de prevención y alerta temprana». Pero, a renglón seguido, va más allá y motu proprio enumera una serie de iniciativas que, a su entender y por lo que parece, deberían servir para tranquilizar a la asociación Dignidad y Justicia que presentó la queja.

Reformas de difícil encaje

La Secretaría de Estado de Seguridad detalla una serie de reformas legales, de las que ya se venía hablando, y algunas de las cuales tendrán un difícil encaje constitucional y de adaptación a la doctrina del Tribunal de Estrasburgo, pero que el PP puede sacar adelante gracias a su mayoría absoluta.

Entre ellas, destaca el anteproyecto de ley que ya se está redactando y que pretende que los «condenados por terrorismo», por ejemplo Arnaldo Otegi, no puedan ser elegidos cargos públicos una vez que hayan cumplido su condena y pasado el periodo de inhabilitación.

También se pretende denegar a los expresos «no arrepentidos» las ayudas económicas que se pueden conceder a quienes salen de prisión.

El catálogo también incluye la reforma de la Ley Electoral para que puedan votar en Euskal Herria los «exiliados». Esta iniciativa lleva más de un año congelada, pero podría calentarse a raíz de una iniciativa presentada hace algunas semanas por el grupo de UPyD.

La Secretaría de Estado hace además referencia a la creación en Euskal Herria de un Centro Memorial de las Víctimas, específico para las de ETA, y que el Ejecutivo español impulsa ya unilateralmente sin atender a sus compromisos con Lakua.