La reforma laboral es un eslabón más dentro de lo que bien podemos denominar como «políticas pro-crisis» desarrolladas en Euskal Herria desde 2008. Frente a argumentos aparentemente técnicos referidos a dotar a las empresas de una mayor flexibilidad en la gestión de las relaciones laborales, todos sabemos que el objetivo clave de esta reforma no es otro sino la reducción de costes laborales.

Es esencial tener en cuenta que esta reducción de costes laborales, con independencia de sus efectos sociales, puede tener un sentido lógico en el contexto económico español, en el que se inscribe en el marco de la «devaluación interna» considerada como la estrategia a seguir para recuperar la competitividad lastrada por el sobre-endeudamiento. No es la estrategia adecuada desde la perspectiva de EKAI Center, pero es, de hecho, la impulsada o tácitamente aceptada por Gobierno y oposición en España. Ninguno de los grandes partidos españoles, tampoco los de la oposición, han planteado alternativas serias a la estrategia de devaluación interna.

En este contexto, si la reforma laboral puede ser un error pero tiene un objetivo comprensible en España, no es así en Euskal Herria, donde no solo es un grave error estratégico, sino también un absoluto sinsentido. Recordemos que el nivel de sobre-endeudamiento aquí se sitúa en el entorno de la media europea y en ningún caso justifica abordar una estrategia masiva de reducción de costes como la emprendida en España.

Pero, no siendo necesaria, la reforma laboral no solo es socialmente dañina en Euskal Herria. Es, además, un rotundo error estratégico desde el punto de vista de nuestro modelo de desarrollo económico. Recordemos que el reto fundamental de la economía vasca es dar un salto imprescindible en nuestro nivel de equipamiento tecnológico. Y ello requiere más inversión de alto nivel tecnológico, más gasto en I+D, más gasto en formación y reformas estructurales en educación e investigación. Éstas, y no otras, son las claves de nuestras políticas anti-crisis y de nuestro futuro.

En este contexto, la reforma laboral se convierte en una más de nuestras «estrategias pro-crisis». Esta reforma está produciendo una innecesaria reducción de costes laborales y, consecuentemente, generando un daño innecesario a nuestros salarios. Pero también está lanzando un peligrosísimo mensaje al conjunto de nuestra sociedad y, de forma muy directa, a nuestros empresarios. Porque, cuando con mayor urgencia necesitamos reactivar nuestros esfuerzos de formación, investigación e inversión tecnológica, decidimos lanzar a los empresarios un mensaje perverso. El mensaje de que, a través de la reforma laboral, tienen abierta la puerta de la reducción de los costes laborales y, por lo tanto, de una fácil mejora de los resultados a muy corto plazo.

El mensaje es extraordinariamente dañino para nuestra economía. Mejorar los resultados empresariales en base a formación, investigación, desarrollo e inversión, es un proceso complejo, difícil y de medio o largo plazo. Si engañamos a nuestros empresarios ofreciéndoles el aparente regalo de conseguir esos resultados de un día para otro mediante la simple contención o reducción de costes laborales estamos generando un efecto perverso, claramente desincentivador de los esfuerzos de avance tecnológico y -a medio plazo- también de los resultados económicos de nuestras empresas.

Nuestros medios de comunicación en su conjunto y una buena parte de las organizaciones patronales y la clase política están claramente contaminados por la ignorancia sobre las gravísimas repercusiones que una estrategia de reducción de costes laborales tiene sobre el modelo de desarrollo de cualquier país.

La reforma laboral no es sólo un problema social. Es lo peor que podía sucederle a nuestro país precisamente en este momento. Es, probablemente -junto a la bancarización de las cajas de ahorros- la más grave de nuestras «políticas pro-crisis».

Sin embargo, no deberíamos responsabilizar de ello exclusivamente al Gobierno español. Quien tiene la responsabilidad directa de defender el tejido productivo vasco es la clase política vasca, que es a quien correspondía haber defendido la especialidad de nuestro modelo durante la tramitación parlamentaria de esta reforma. Y es también a quien correspondía haber mentalizado abiertamente a la sociedad vasca en su conjunto -y, muy especialmente, a nuestros empresarios- sobre la gravedad de apostar por una vía de reducción de costes laborales en un entorno productivo como el del Euskal Herria.

Una vez más, la inconsciencia estratégica de nuestra clase política nos acerca un poco más al abismo.