A. P.

El fiscal mantiene la petición de dos años de cárcel por escribir una carta de opinión

El fiscal de la Audiencia Nacional española Miguel Ángel Carballo mantuvo ayer la petición de dos años de cárcel para cinco ciudadanos vascos a causa de una carta de opinión publicada, entre otros medios, en GARA. La defensa negó el «enaltecimiento» y pidió la absolución.

El fiscal de la Audiencia Nacional española Miguel Ángel Carballo mantuvo ayer la petición de 2 años de cárcel contra Aitor Zelaieta, Maku Basabe, Ziortza Aiensa, Mikel Sánchez y Julen Orbea, a quienes acusa de «enaltecimiento del terrorismo» por una carta de opinión publicada en GARA el 16 de agosto de 2012, así como en «Berria», Bilboko Branka y Topatu.info en la que se hacía referencia a Maite Pérez, que falleció en Donostia en 1987 mientras manipulaba explosivos. La defensa abogó por la libre absolución, argumentando que la misiva se limitó a la «crítica» de políticas como la dispersión de los presos vascos o la denominada «doctrina Parot», invalidada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El director de GARA, Iñaki Soto, declaró como imputado en diciembre de 2012, aunque después de que el Ministerio Público retirase las acusaciones contra él, ayer estuvo citado como testigo.

Los cinco acusados, vecinos de Bilbo, respondieron solo a preguntas de sus abogados y explicaron ayer ante el tribunal, presidido por Fernando Grande-Marlaska, que decidieron escribir una misiva «contra la política penitenciaria, en el contexto de fiestas y para ayudar a la gente a movilizarse». Una carta que uno de ellos, Sánchez, se encargó de redactar. Finalmente, y «por cuestión de tiempo», remitió ese borrador a los citados medios sin que sus compañeros la hubiesen leído. Según indicó, querían partir de la realidad de su barrio, Alde Zaharra de Bilbo, para realizar una «denuncia global» sobre la política carcelaria del Estado español. «No pensaba que llegaría a juicio», señaló.

«Libertad de expresión»

La defensa de Sánchez descartó que, frente a la opinión del fiscal, la carta pudiese considerarse «enaltecimiento». «Lo que subyace es la crítica política», reafirmó, ubicándola en el terreno de la «libertad de expresión».

En su opinión, una condena sería una «extralimitación del derecho penal» por suponer una vulneración del «ejercicio de los derechos fundamentales». A ello se le suma que cuatro de los acusados negaron haber tenido relación con la redacción del escrito, remarcando que su objetivo era criticar la política carcelaria.