Piden la suspensión de pena para Fernández Iradi por patología grave
Dos informes médicos han llegado a la misma conclusión sobre la situación de Ibon Fernández Iradi: su estado de salud es incompatible con la permanencia en la cárcel. La abogada del preso político, actualmente en Lannemezan, ha presentado ya la solicitud de «suspensión de pena» al juez de Vigilancia Penitenciaria de París, que debería responder hacia el mes de abril. Decenas de facultativos y personal sanitario han suscrito la demanda de excarcelación.
Representantes de Herrira de Ipar Euskal Herria y familiares de Ibon Fernández Iradi, así como la abogada Maritxu Paulus-Basurco, informaron ayer, en Baiona, que han solicitado la suspensión médica de la pena del lasartearra por «enfermedad grave incompatible con su mantenimiento en la cárcel».
El preso vasco, actualmente encarcelado en Lannemezan, sufre esclerosis múltiple, una patología grave e incurable que le fue diagnosticada en enero de 2013, aunque los primeros síntomas se remontan a finales de 2010, cuando se encontraba en una cárcel de Madrid a la que fue trasladado temporalmente desde el Estado francés para ser juzgado. Durante los siguientes meses su estado de salud fue deteriorándose hasta el punto de que no podía sostenerse de pie ni comer por su propia mano.
Ante la dilación permanente de las consultas y exámenes necesarios, tanto él como su familia intentaron que intervinieran facultativos externos, petición que lograron hacer efectiva meses más tarde, después de que el juez diese por buena la denuncia de la familia por la negativa de Instituciones Penitenciarias a que fuera atendido en un hospital externo.
La odisea para conseguir la atención médica que requería continuó en el Estado francés, a donde fue llevado de nuevo en mayo de 2012. Una vez recibido el diagnóstico, los facultativos establecieron un tratamiento complejo, para cuya eficacia es necesaria la intervención de diferentes especialistas (neurólogo, siquiatra, logopeda, oftalmólogo, fisioterapeuta, enfermero...), lo que prácticamente resulta imposible de garantizar en la cárcel.
Dos informes coincidentes
«Su mantenimiento en prisión conlleva ineluctablemente una degradación continua de su salud», afirmó su abogada. Es por ello que, en base a la ley Kouchner de 2002, han solicitado la suspensión de la pena por razones médicas.
Dicha ley exige dos informes médicos diferentes que constaten que su estado de salud es permanentemente incompatible con su estancia en la cárcel. Si bien estos no son vinculantes, los informes en cuestión, que coinciden en sus conclusiones, ya han sido enviados al juez de Aplicación de Penas, que deberá estudiar la solicitud.
En caso de que aceptara la demanda, el juez podría imponer condiciones (controles médicos cada seis meses, pulsera electrónica, etcétera) para su excarcelación. «El hecho de excarcelarlo no supondría que su condena se anulase y estuviese libre, sino que, por motivos de salud, sigue su tratamiento fuera de la cárcel», aclaró la letrada, que anunció su intención de recurrir si se desestima la petición.
Unos 80 facultativos y personal sanitario han apoyado esta demanda, a la que también pueden adherirse las personas que lo deseen en www.petitionpublique.fr/?pi=2014ibon.
En la comparecencia, también llamaron a acudir a la manifestación del sábado en Baiona.
Amaiur responsabiliza al Gobierno español de la muerte de Bellon
Acababa de reanudarse en el Congreso la sesión de control al Gobierno, ayer por la mañana, cuando los diputados de Amaiur, en pie en sus escaños, exhibieron carteles y banderolas reivindicando la repatriación de los presos políticos vascos. El objetivo de la protesta era denunciar la «política penitenciaria» aplicada por el Estado español, a quien hacían «responsable» de la muerte de Arkaitz Bellon el pasado día 5 en la cárcel gaditana de Puerto de Santa María.
El presidente del Congreso, Jesús Posada, les instó por dos veces a recoger los carteles y a cesar la protesta, advirtiéndoles de que, en caso de no hacerlo, procedería a expulsarlos del hemiciclo.
Mientras las replegaban, Xabier Mikel Errekondo se dirigió a la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Saénz de Santamaría, y le entregó una carta para que la hiciera llegar a La Moncloa. En un primer momento, Saénz de Santamaría la cogió pero después se la devolvió a Errekondo a través de un ujier, recomendándole que utilizara los cauces oficiales para enviarla.
Posada, molesto por el incidente, llegó a espetar un «tíralo, coño» en referencia a la misiva. En la misma, Amaiur recordaba «el rechazo absolutamente mayoritario de la sociedad e instituciones vascas de la política penitenciaria de dispersión que supone un injusto castigo para los presos y también para sus familiares y amigos». Exigían su fin «ya que no contribuye a la construcción de un futuro en paz y libertad».
Con peticiones similares, el Pleno de Zumaia aprobó el martes una moción con la ausencia de PNV y PSE. A.M.
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