En la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y en la Comunidad Foral de Navarra (CFN) existen sendos sistemas de rentas mínimas garantizadas y condicionadas (desde 1989 en el primer caso y desde 1990 en el segundo). Más de dos décadas de experiencia, con cuatro modificaciones legales en lo que respecta a la CAV (1998, 2000, 2008 y 2011) y otras cuatro en el de la CFN (1999, 2006, 2012 y 2013), permiten plantear algunas conclusiones:

Ambos modelos han sido incapaces de combatir la pobreza, ni siquiera en épocas de bonanza económica (años 1997 a 2008), y todavía mucho menos en coyunturas de grave crisis como la que estamos atravesando desde 2008. Aunque el número de personas perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos ha crecido desde 34.000 en 2008 hasta casi 63.000 en 2013 en la CAV y la Renta Básica o Renta de Inclusión Social (se le cambió el nombre en 2012) de 3.162 hasta 7.094 en la CFN en esos mismos años, esas cantidades de gente, que representan el 2,8% y el 1,1% de la población de cada comunidad, respectiva-mente, están muy alejadas de los porcentajes de pobreza severa existentes en 2013: en la CAV 5,3% (116.000) y en la CFN 8% (50.000).

Los modelos de rentas mínimas garantizadas y condicionadas de la CAV y la CFN no han mejorado, en lo fundamental, en estas dos décadas. Lo que ha ocurrido, por el contrario, es que con el objetivo de limitar el número potencialmente creciente de la población solicitante, se ha ido incrementando los requisitos condicionantes (de años de empadronamiento, de número de unidades perceptoras por vivienda, etc.), lo que ha provocado la exclusión de estos sistemas de ayuda para pobres a cada vez más gente.

El aumento de la presión a la que se están viendo sometidos ambos modelos, por una demanda permanentemente creciente, unido, en el caso de la CAV, desde el año 2012, a un cambio en la gestión (ha pasado de los servicios sociales a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo), ha dado lugar a un funcionamiento plagado de problemas burocráticos y administrativos que están resultando un auténtico calvario para las personas solicitantes y perceptoras.

Las administraciones concernidas en la CAV y la CFN, en su afán de controlar los gastos de las rentas mínimas garantizadas y condicionadas, aunque sean una pequeña parte de sus presupuestos, han llevado a cabo campañas para combatir el fraude (un fraude que arroja porcentajes mínimos, que no superan el 4% de la población perceptora y de los gastos) que, además de expulsar del sistema a personas de forma injusta e ilegal, han inundado de sospechas y han hecho perder el prestigio que estos modelos tenían para la mayoría de la población.

Por último, la competencia entre la gente sin recursos por acceder a este tipo de ingresos mínimos, que son la última red de subsistencia que le queda a las personas que carecen de cualquier otra vía para obtener rentas o prestaciones sociales, ha disparado la xenofobia y el racismo, en ocasiones incentivado por las campañas institucionales contra el fraude, que han puesto a la gente inmigrante en la diana de los defraudadores y las defraudadoras, cosa que los datos no corroboran (las personas inmigrantes consumen menos porcentaje de gasto público, también en el caso de las rentas mínimas, que el que se corresponde a sus niveles de pobreza, que son casi cuatro veces superiores a los de las personas autóctonas).

Ciertamente, en las conclusiones anteriores nos hemos centrado en los aspectos más criticables de los modelos de rentas mínimas garantizadas y condicionadas existentes en la CAV y en la CFN. Es evidente que si no existiera este tipo de prestaciones, la situación de la gente pobre sería todavía peor o, como se encargan de decir los cargos institucionales a quienes toca defender este sistema, en la CAV y en la CFN estamos a la cabeza de todas las comunidades autónomas del Estado español en este campo de la lucha contra la pobreza. La reflexión que nos interesa traer aquí no es evidentemente esa, sino otra bien distinta: ¿existe algún otro sistema de garantía de ingresos que ofrezca más beneficios sociales que el que tenemos implantado desde hace más de veinte años? ¿Sería posible su implantación en nuestra tierra?

Efectivamente, hay otros sistemas de garantía de ingresos que no incorporan las carencias y problemas que hemos comentado anteriormente. Desde que a finales de los años 80 del pasado siglo en ESK empezamos a analizar en profundidad este tema, nos hemos decantado cada vez con mayor convencimiento por la renta básica de ciudadanía. Esta renta sería una prestación universal (se entregaría a cualquier ciudadano y ciudadana), no condicionada a nada (es decir, a si se tiene o no trabajo, a con quién se convive, al nivel de renta o patrimonio de que se dispone, etc.), aportada en dinero y con un nivel que permitiera llevar una vida digna.

No podemos extendernos más en este artículo para concretar con qué nivel de ingresos se puede llevar una vida digna en nuestra sociedad o qué consideraciones de empadronamiento se pueden exigir para ostentar la ciudadanía o si sería aceptable establecer fórmulas de cálculo distintas, que no impliquen condicionalidad, en función de que las personas vivan solas o convivan con otras, lo que procura normalmente menos gastos en algunos capítulos de la vida en sociedad. Donde sí hay que poner el énfasis en la defensa del modelo de la renta básica de ciudadanía frente a otros es en los siguientes aspectos:

Es el modelo más potente para de garantizar la existencia de los seres humanos, pues permite cubrir sus necesidades como tales, sin condicionarlo a nada. Combatiría radicalmente la pobreza económica.

Permitiría luchar más fácilmente en el mundo laboral, pues actuaría, de hecho, como una caja de resistencia para sufragar las huelgas y mejoraría las condiciones de la lucha contra la precariedad laboral (ninguna persona se vería obligada a aceptar un contrato de trabajo en cualquier condición laboral o salarial).

Acabaría con la estigmatización que incorporan las rentas mínimas garantizadas condicionadas, que van dirigidas a gente pobre que tiene que demostrar que lo es.

Supondría un enorme ahorro en su gestión, frente a los modelos basados en el control de rentas y de otros requisitos. La gestión de la renta básica de ciudadanía se podría incorporar como un negociado más de la gestión fiscal.

En Hego Euskal Herria la idea de la renta básica de ciudadanía ha convivido en las dos últimas décadas con los modelos de rentas mínimas garantizadas y condicionadas de la CAV y de la CFN. Podemos decir que hubo unos años (1995 a 2000) en que fue capaz de ocupar un espacio público considerable (las ILP en ambas comunidades en 1997, la huelga general del 21 de mayo de 1999 por el salario social -así llamamos entonces a la RB- y las 35 horas, la apropiación del nombre de Renta Básica en las respectivas leyes de la CAV y de la CFN para nombrar a las rentas mínimas garantizadas y condicionadas, algo que no ha hecho más que confundir y perjudicar a quienes defendemos una renta básica de ciudadanía universal y no condicionada.

En la última década y media se ha producido un avance importante en el trabajo intelectual por cimentar la renta básica de ciudadanía. En el terreno de su viabilidad ética se han mejorado mucho los argumentos que ayudan a entender que esta figura es compatible con la defensa del empleo, y en el de su viabilidad económica se han hecho simulaciones macroeconómicas con datos fiscales reales que han permitido justificar que su financiación es posible con una reforma fiscal que solo gravaría de forma contundente a la gente más adinerada. Sin embargo, su viabilidad política sigue estando muy estancada.

No es necesario, en este caso, que miremos a la mayoría de partidos políticos para comprobar que no creen para nada en la renta básica de ciudadanía o que están radicalmente en contra. En el mundo sindical se ha producido un retroceso fuerte en la asunción de esta idea, retroceso que, sobre todo en lo que tiene que ver con sindicatos combativos, no está muy justificado. Defender y luchar por una renta básica de ciudadanía, salvo que se esté en contra de ella por razones éticas, no es distinto de luchar por muchas de las reivindicaciones que hacemos colgar de ese otro mundo posible que oponemos al capitalismo que queremos enterrar. Relanzar el debate, objetivo de este artículo, nos parece imprescindible.