El pasado lunes este periódico abrió su edición informando de que el Ayuntamiento de Bilbo mantiene las distinciones concedidas durante la dictadura a algunas de las principales figuras del franquismo. Una noticia que por sí misma debería activar las alarmas de los partidos representados en el Consistorio a la que se le ha sumado en los últimos días la controversia en torno a los retratos de alcaldes franquistas, un revuelo generado por Iñaki Azkuna al defender con vehemencia la presencia en un lugar de honor de quienes representaban en la villa al régimen criminal de Franco contra la voluntad de sus habitantes. No es la primera vez que el primer edil provoca una escandalera, pero esas declaraciones han causado dolor a mucha gente que sufrió en primera persona la crueldad de aquellos mandatarios y de sus conmilitones, y han desencadenado una tormenta política.

Ante este tipo de situaciones, provocadas por su incontinencia verbal y su conocida inquina a la izquierda independentista, algunos insisten en presentar al político durangarra como un verso suelto, un cargo local con tendencia a ir a su aire. Sin embargo, el alcalde de la población más importante de este país es un importante activo electoral para el PNV y como tal un miembro cualificado de la formación jeltzale, y todo lo que hace o deja de hacer debe pasar por el tamiz aprobatorio de su partido. Actitudes tan bochornosas como la que mantiene en este tema no deben atribuirse a su iniciativa personal, y desde Sabin Etxea no pueden alegar que lo suyo es una cuestión de carácter. Azkuna, que se sepa, sigue siendo del PNV y con sus actos representa a la centenaria formación, muchos de cuyos militantes cayeron abatidos por las balas franquistas.

Si el alcalde bilbaino no cree que sea un deber cívico y democrático retirar esos cuadros, al menos debería atenerse al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Y si tampoco le apetece, alguien debería invitarle a marcharse antes de que acabe de retratar a los suyos.