EDITORIALA
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Saltar muros mentales para derribar los muros físicos

En otros países no ocurre tal cosa, pero en Euskal Herria la cárcel es un paisaje conocido y hasta habitual para una gran parte de la población sin distinción social o de clase. El número y el porcentaje de presos producidos por un conflicto de origen político resulta el mayor de esta parte de Europa. Una realidad cruda que resulta todavía más absolutamente anómala desde que hace ya dos años y medio concluyera la lucha armada de ETA. Superar esos muros, ubicados además a cientos de kilómetros de distancia -lo que remarca el papel de cautivos de esos presos y sus entornos-, es un reto político de primer orden.

A los muros físicos se les han superpuesto muchas veces otros muros de carácter mental, heredados de otros tiempos y derivados del conflicto, que se han levantado en todas las partes del mismo. El comunicado emitido por Euskal Preso Politikoen Kolektiboa el pasado 28 de diciembre derriba de un plumazo algunas de esas paredes construidas por el tiempo y que habían acabado por convertirse en la práctica una trampa propia. Así al menos fue visto desde fuera. Como añaden Marixol Iparragirre y Jon Olarra, dos de los interlocutores del Colectivo entrevistados hoy en estas páginas, EPPK ha comprendido que los estados utilizaban el frente carcelario como mecanismo para bloquear la resolución, y ha obrado en consecuencia. El resultado es una apuesta valiente que tumba algunos muros mentales propios, pero sobre todo derriba el gran castillo de excusas erigido para no cumplir con los derechos más básicos -los de los presos y los de sus allegados, hay que recordarlo-.

La declaración, y la entrevista de hoy, acarrean un cambio total de paradigma en la cuestión de los prisioneros vascos. Si desde octubre de 2011 era una evidencia creciente que los presos habían pasado a ser adalides de los derechos humanos frente a dos estados empeñados en pisotearlos a diario -y ahí está la sentencia de Estrasburgo para comprobarlo-, ahora la situación va más allá aún: el Colectivo demanda recorrer una legalidad que es ajena efectivamente, pero que puede resultar válida para iniciar el camino hacia la resolución de este conflicto, y lo hace paradójicamente contra quienes la aprobaron pero la incumplen sistemáticamente.

La «Vía Zaballa» abre nuevos caminos

El giro dado por los presos y presas políticos vascos cambia a su vez la posición de todos los agentes. Así, quienes durante mucho tiempo han sostenido que la vía utilizada por un reducido número de presos llevados a Langraitz era la adecuada, tendrán imposible ahora no hacer suya e impulsar esta apuesta por convertir a la vecina Zaballa en la gran referencia para la vuelta a casa y para la solución del conflicto. Y quienes promovieron en su día la política de dispersión tienen obligaciones añadidas para acabar con ella, como también recuerdan Iparragirre y Olarra en la entrevista.

La apuesta del Colectivo abre a su vez el abanico de agentes partícipes. Las últimas manifestaciones anuales en Bilbo ya han dejado muy claro que es falso que este sea un problema que atañe únicamente a los presos, a su entorno social o a la izquierda abertzale. Del mismo modo, es incierto que sean los gobiernos español y francés los únicos destinatarios de la demanda de acabar con la política carcelaria de excepción. Ellos tienen la llave de las cárceles, ciertamente, pero en las manos y la acción política de todos está la capacidad de impulsar esa llave hasta la cerradura y abrir la puerta a la solución definitiva de las consecuencias del conflicto. No porque los estados tengan esa voluntad, sino por un calculo político claro: medidas represivas que hasta hace dos años no tenían consecuencias políticas negativas para el Estado suponen ahora una perdida constante de legitimidad. En Euskal Herria, mayormente, pero también más allá de sus fronteras. El golpe dado al timón por el Colectivo implica, por tanto, a todos en la solución. Una realidad que las instituciones y partidos no debieran contemplar como una crisis o un problema, sino como la oportunidad de contribuir a algo grande.

Y es que, ¿a quién beneficia mantener la excepcionalidad carcelaria? O yendo a un caso cercano, concreto y dramático, ¿existe alguien a quien haya favorecido la muerte en prisión de Arkaitz Bellon, perfectamente evitable en la medida en que ni siquiera debía estar preso, y mucho menos lejos de casa y en aislamiento? Incluso dando por bueno que el PP sostenía la dispersión, contra la mayoría ciudadana vasca, como método para incidir sobre las decisiones de la izquierda abertzale y en concreto de ETA, esa práctica debió hacer finalizado hace ya más de dos años. Si a partir de ahí siguió vigente como modo de intentar dividir a la izquierda abertzale, su resultado también ha sido un fracaso. A día de hoy, pues, no queda más explicación para su mantenimiento que un ansia de venganza que ni siquiera sus promotores parecen dispuestos a reivindicar verbalmente y que solo aflora en los portavoces más ultras. Además, como todo lobby interno, ahora ya son escisión. ¿Hasta cuándo va a dejar el Gobierno del PP que sea esa minoría impresentable la que condicione una política que efectivamente debiera ser de Estado?

A falta de una mínima señal de inteligencia política por parte de los estados, frente a su cerrazón, la unilateralidad, hablarle a tu sociedad y situarte en el contexto internacional son claves para poder abrir nuevos escenarios. No es magia, es política, pero se ha demostrado efectiva e ilusionante. Esta es la denominada «Vía vasca».