El portavoz del PNV en el Congreso español, Aitor Esteban, calificó ayer de inaceptable la pretensión del PP y el PSOE de recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad, una maniobra que relacionó directamente con una eventual reforma estatutaria en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y que consideró una grave injerencia del poder judicial en el legislativo. A su juicio, esta herramienta supone un derecho de veto respecto a la autoridad del Parlamento, y recordó que solo los dos grupos proponentes, mayoritarios en la Cámara, tendrían capacidad de ejecutarla.

La queja del diputado jeltzale está plenamente justificada pues, efectivamente, ese recurso proporcionaría a los grandes partidos españoles un nuevo instrumento para frenar o invalidar decisiones adoptadas allí donde son minoritarios, como es el caso de la CAV. Con todo, no puede olvidarse que hoy por hoy PP y PSOE ya cuentan con capacidad de veto, ya que la obligación de que cualquier reforma estatutaria deba ser refrendada en las Cortes significa que ninguna modificación en el marco legal puede llevarse a cabo sin el consentimiento de al menos una de esas dos formaciones, la que en su momento tenga mayoría parlamentaria. Juan José Ibarretxe sabe bastante sobre este tema, igual que la sociedad catalana. Mientras la soberanía real resida en última instancia en las instituciones españolas, será en Ferraz o en Génova donde se decida al respecto.

Precisamente por todo lo expuesto, no se entiende que el partido al que pertenece Esteban insista en que una reforma del estatus -o del Estatuto, dependiendo del portavoz de turno- deba contar con la adhesión de los partidos que aguardan en Madrid con el mazo presto. El PNV ha hecho casi condición sine qua non el apoyo del tercer y el cuarto partido del Parlamento de Gasteiz para poder avanzar en materia de autogobierno, concediéndoles una capacidad de veto en origen. Y si con esa actitud busca que en el Congreso ya no haya razón para vetar nada, ¿de qué se lamenta el diputado?