Según informó ayer la Diputación de Gipuzkoa, los contribuyentes han comenzado a responder a la campaña iniciada hace dos semanas y hasta la fecha han sido 353 los contribuyentes que han declarado de forma voluntaria poseer bienes en el extranjero, mientras el número de consultas relacionadas con este asunto ha ascendido a 585.

La institución foral explica que «a priori es imposible saber el número de contribuyentes a los que afectará la obligación» y por ello, durante los próximos días, anuncia que «hará un esfuerzo adicional para informar a la ciudadanía».

Además de la difusión a través de redes sociales y medios de comunicación de esta información, Hacienda se ha puesto en contacto con embajadas, consulados, asociaciones de migrantes e instituciones transfronterizas.

Los afectados por esta nueva obligación engloban a las personas que cuentan con segundas viviendas en otros países, las que reciban patrimonio en sucesiones o donaciones fuera del Estado español así como las personas llegadas a Gipuzkoa desde otros estados.

Las personas a las que afecta esta declaración deben ser residentes en Gipuzkoa e incluyen a los titulares de cuentas en entidades financieras, valores, derechos, seguros o rentas así como bienes inmuebles que superen, individualmente, los 50.000 euros.

Los bienes muebles que estén situados o matriculados en el extranjero son objeto de tributación en caso de que tengan un valor unitario superior a los 50.000 euros, a excepción del dinero en metálico, las piedras preciosas y metales, que deberán sobrepasar esa cifra, pero en conjunto.