Juanjo BASTERRA

200 profesores llaman a poner la economía al servicio de las personas

Más de 200 profesores y personal universitario llamaron a actuar «por una economía al servicio de las personas» ante la cumbre del 3 de marzo en Bilbo. Mientras, la OCDE insistió ayer en la necesidad de realizar recortes salariales y laborales en el mercado español.

Más de 200 personas dedicadas a la docencia y a la investigación en el ámbito de la economía y la empresa de centros universitarios vascos han firmado el manifiesto «Por una economía al servicio de las personas» ante la cumbre económica internacional, «Global Forum Spain», que reunirá en Bilbo el 3 de marzo a importantes responsables políticos y económicos para debatir sobre crecimiento económico y competitividad.

Recuerdan que «el grave y progresivo deterioro de la situación social está provocando un creciente desconcierto, que se une a la incertidumbre que planea sobre amplios sectores de la sociedad». Indican una serie de datos y elementos que justifican el rechazo a este tipo de eventos que «no tienen en cuenta a la población más afectada» y que «son de una gravedad cada vez más imponente».

Los profesores y personal universitario recuerdan de forma clara que la tasa de desempleo en el Estado español se sitúa en el 26%, «que es el porcentaje más elevado desde el fin del franquismo» y que el desempleo juvenil supera la barrera del 55%. Lamentan que se haya cuadriplicado el número de hogares con todos sus miembros en paro en los últimos cinco años y confirman que las personas en riesgo de pobreza y exclusión social en el Estado español alcanzó los 12,7 millones en 2012, según la Red Europea de Lucha contra La Pobreza.

Entienden que la sociedad debe «tomar la palabra» y «la protesta», porque en el Estado español el grado de desigualdad social avanza sin que exista a la vista un punto de retorno.

Todo ello, dentro de una actividad de recortes de los recursos públicos a los más necesitados, bajo la justificación de que no existen ingresos. Por lo que toman los datos que aporta el Sindicato de Técnicos del Ministerio español de Hacienda (Gestha) que advierte que al año se pierden entre 70.000 millones por el fraude fiscal. «El 72% de ese impago a las arcas públicas corresponde a grandes fortunas» y añaden que la red Tax Justicie Network estima que los depósitos en los paraísos fiscales provenientes del Estado español alcanzan la cifra de 550.000 millones, que no pagan impuestos.

Los firmantes del manifiesto entienden que lo primero que se debe restablecer «es la democracia y la transparencia» para conseguir «una economía sana y viable», que, a la vez, garantice un equilibrio y una justicia social. «La equidad debe construir una referencia irrenunciable para la organización de la vida económica» y avisan que la competitividad, uno de los elementos clave que se pondrán encima de la mesa en el Museo Guggenheim el próximo 3 de marzo, «no puede plantearse como un fin en sí mismo, al margen de la eficiencia social y ecológica». Por lo que, entre otros elementos, llaman a construir «una Europa equilibrada social y territorialmente, capaz de defender la democracia y la cohesión social».

La OCDE reclama más recortes salariales

La OCDE hizo público ayer su informe «Apuesta por el crecimiento» en el que analiza el impacto de las reformas estructurales. En el apartado sobre el Estado español, lamenta que el desempleo de larga duración sea tan elevado y pide actuar con políticas activas para reducirlo.

Sin embargo, detrás de esa medida, la organización que dirige el mexicano Angel Gurría exige que «los salarios sean más sensibles a las condiciones específicas de las empresas y de la economía en general». Este representante se dará cita el 3 de marzo en el Museo Guggenheim. La OCDE pide al Gobierno español que «suprima» las prórrogas legales de los convenios colectivos, algo que prácticamente ya se está aplicando. También entiende que se debe adoptar «un contrato uniforme con una indemnización por despido, inicialmente baja pero que vaya incrementándose gradualmente, de manera que se reduzca la brecha existente en materia de protección laboral entre contratos temporales e indefinidos».

Exige reducir «barreras» para entrar en sectores de servicios «para favorecer la productividad y el empleo». J.B.