El Gobierno de Lakua autorizó ayer la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Una polémica norma que, en opinión del Gabinete jeltzale, tiene un carácter «injustamente homogeneizador» que choca frontalmente con el sistema educativo de la CAV, «cimentado en el profundo respeto a los valores democráticos, a la pluralidad y al bilingüismo».

En la rueda de prensa ofrecida en Lehendakaritza tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, Cristina Uriarte, afirmó que la Lomce «atenta directamente» contra las competencias de la CAV en dos aspectos «fundamentales»: la definición de los contenidos de las enseñanzas y la evaluación de los aprendizajes.

Uriarte, que criticó la reforma por considerar que cuestiona las condiciones de acceso y admisión a la Formación Profesional, avanzó que en el recurso concretarán los preceptos de la ley que presenten objeciones de inconstitucionalidad «bien por suponer una injerencia en el ámbito competencial, bien por materializar un menoscabo efectivo al derecho a la educación o por violentar principios constitucionales».

En total, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu va a recurrir 19 artículos que, entre otras cuestiones, hacen referencia a la distribución competencial; a la organización de los diferentes ciclos; a la evaluación final, tanto en Secundaria como en Bachillerato; a las condiciones de acceso y admisión a la Formación Profesional básica; a las competencias del Consejo Escolar y de los directores; y a la enseñanza de lenguas.

Así, la consejera espera hacer frente a una reforma que atribuye al Gobierno español, «con carácter exclusivo y excluyente, la fijación de los contendidos de las materias que los profesionales de la educación deben impartir». Algo que requiere de la participación de los gobiernos autonómicos, tal como subraya la documentación aportada por Lakua, que muestra su preocupación por el «tratamiento inasumible» que la Lomce da a las lenguas cooficiales: «La competencia para regular el alcance de la cooficialidad no corresponde al Estado, sino que corresponde en exclusiva a la CAE [Comunidad Autónoma de Euskadi]».

Buscando un amplio consenso

La decisión del Gabinete jeltzale despertó el malestar del grupo parlamentario de EH Bildu, que considera «imprescindible» que el Ejecutivo trabaje en común y consensúe con los agentes educativos cuál es la mejor fórmula para evitar la aplicación de la Lomce. «Todos los agentes implicados debemos dar forma a una estrategia conjunta para responder y plantarnos ante Madrid», señaló Belen Arrondo.

La parlamentaria soberanista, que sostuvo que el recurso no va a tener ninguna consecuencia práctica, recordó que su grupo propuso crear una ponencia para concretar y pactar «el camino de la confrontación. Y hoy es el día que debemos reiterar este llamamiento, puesto que la solución no va a venir de la mano del Constitucional».

En el mismo sentido, el sindicato ELA reclamó a Lakua que apueste por un «un planteamiento de confrontación» para lograr que la Lomce no se aplique en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. «Una cosa es que haya una ley de obligado cumplimiento y otra que el Gobierno Vasco y la sociedad vasca tengan legitimidad para confrontar contra esta ley, porque el conjunto de la sociedad y todos los agentes educativos no la aceptamos», manifestó el responsable del área de enseñanza, Xabier Irastorza, que defendió la creación de una «realidad diferente» que responda a las necesidades de la CAV.