Fue el primero de múltiples encuentros a los que cada vez el jefe guerrillero se acostumbra más: ya son casi 150 las veces que ha atendido a colegas que viajan a la isla para documentar las conversaciones con el Gobierno colombiano, que buscan una vez más, una salida negociada a 50 años de conflicto armado.

Los diálogos se iniciaron en Cuba en noviembre de 2012, con la promesa entusiasta del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de que se terminarían al cabo de un año. «Noso- tros hemos venido a pactar un gran tratado de paz y no a rendirnos, eso nunca», dice enfático París anunciando que los plazos son absurdos. Ambas partes caminan ahora por el vigésimo ciclo de negociación con el álgido tema de cultivos ilícitos como punto de la agenda, mientras otros dos, igualmente cruciales para el país, ya obtuvieron parciales acuerdos: reforma agraria y participación política. París, quien pertenece al Bloque Oriental de las FARC y está casado con Beatriz Arenas, hija del histórico líder de las FARC, Jacobo Arenas, no revela su edad exacta pero dice que tiene más de 55 años. Establece pautas de entrevista, organiza la agenda mediática de sus compañeros de lucha y también hace advertencias: «Yo no le voy a vedar temas, esto es como en la guerra, el que dispara tiene derecho a matar y al que le disparan tiene derecho a defenderse», dice de manera jocosa, aun- que la anécdota pueda o no hacer gracia a su interlocutor.

En esta entrevista con GARA, habló sobre los temas de negociación en la mesa y, en especial, sobre el reconocimiento a las víctimas, sobre el que insiste que las FARC no van a pedir perdón hasta que el Estado haga lo propio.

¿Cuántos años cumple de militancia en las FARC y por qué razones se alzó en armas?

Llevo 30 años en las FARC, después de haber pasado casi 16 en la Juco (Juventud Comunista) e ingresé por mera convicción. Como dijo el Che: «La guerrilla es el escalón superior para todos los revolucionarios», así que para mí era un reto llegar ahí para contribuir a la transformación de Colombia. Iniciaba entonces la experiencia de la UP (Unión Patriótica), y empezaron a verse los primeros asesinados; la masacre me coge en las filas de las FARC. Si hubiera continuado mi actividad política sería concejal o parlamentario, pero estaría muerto. El ingreso a la guerrilla se volvió un mecanismo para la conservación de la vida.

Dentro de los 30 delegados de la comisión negociadora, usted es uno de los que tiene formación académica, ¿qué estudió?

Yo me crié en Bogotá, ahí estudié la Secundaria y luego Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional. Yo diría que no fui a estudiar sino a luchar al interior del movimiento estudiantil, enfrentando toda la reforma educativa, que en ese momento (los 80) bregaba por abolir la enseñanza de las carreras sociales, es decir las que estimulan el pensamiento crítico. Hicimos una resistencia inspirada en Córdoba, Argentina, y en el movimiento de París (mayo 68). La facultad finalmente fue cerrada, pero allí aprendí todo lo que sé del comunismo y cómo estructurar esa fuerza política como un partido.

Usted ha participado en otras experiencias de negociación como las de Tlaxcala, Caracas, y el Caguán. Ya se han alcanzado dos acuerdos aquí, pero bajo la premisa de que «nada está acordado hasta que todo esté acordado». ¿Qué esperanza de paz pueden tener los colombianos?

Lo primero es que todos los procesos expresan la voluntad de paz de las FARC. Lo segundo es que nosotros vamos a dejar de luchar cuando enfrentemos a un equipo negociador dispuesto a hacer esos cambios y transformaciones que dieron origen al alzamiento armado. Los procesos no hay que verlos como contradictorios, sino como oportunidades donde la guerrilla ofrece su voluntad de paz.

Por los acuerdos firmados hasta el momento, ¿se podría decir que esta es la experiencia más fructífera?

La mejor experiencia fue la de San Vicente del Caguán, porque mostramos voluntad y fuerza militar, capacidad de gobierno, se ejerció nuestro mandato en la zona. En el Caguán no fuimos la guerrilla alzada en armas en la oposición, sino fuimos jefes de poder, síntesis de futuro Estado. Como eso no lo podía soportar la visión estrecha de la oligarquía, por eso terminó a sangre y fuego. Es obvio que exijamos los diálogos en zonas protegidas por nosotros mismos, pero los militares no pueden soportar eso. Lo cierto es que las FARC siguen fuertes y por eso el Gobierno se vio obligado a sentarse otra vez en una mesa de diálogo.

¿No es una paradoja que usted considere el Caguán la mejor experiencia, cuando tras ese intento fallido de paz, la sociedad colombiana se radicalizó y eligió a un presidente como Álvaro Uribe que solo prometía guerra?

No es la realidad del Caguán la que generó esa animadversión de los sectores dominantes hacia la paz, sino la ultraderecha que va a estar en contra de cualquier experimento de paz. Hay una tesis persistente de que es la guerra el camino para alcanzar la paz, tesis compartida por el presidente Santos, quien niega el cese al fuego. Uribe sigue montado en el caballo de la guerra para que los diálogos de La Habana fracasen, pero la política de Santos, que sigue agarrado de la cola de ese caballo, nos permite ver que no hay gran diferencia entre ambos. Ambos quieren el exterminio, pero lo que pasa es que Santos lo busca con una combinación de acciones políticas, pero para derrotarnos en la mesa de diálogo.

O sea que usted en últimas no confía en el Gobierno...

Cuando oímos los titulares del ministro de Defensa, de los generales, que siguen utilizando el lenguaje bélico, que se refieren a nosotros como bandidos, los vemos como bombas del enemigo, paralelas a los diálogos. Santos, en su condición de jinete del proceso para llegar al fin del conflicto, lo mantiene, asesorado por civiles y militares que le sugieren mantenerse en esa raya de plomo-diálogo. Hemos dicho que es una posición arriesgada, pese al compromiso de no reflejar en la la mesa lo que sucede en el campo de batalla.

¿Eso quiere decir que los diálogos van para largo?

Vamos por un buen camino, hay el espíritu de las FARC de llegar a un acuerdo, unas disposiciones programáticas en la mesa que conoce todo el país. Nosotros llegamos a pactar un gran tratado de paz y no a rendirnos, ¡eso nunca! Eso está claro en más de año y medio de encuentros con los voceros del Gobierno, ellos saben cuál es nuestra posición.

¿Cómo es esa relación con los negociadores del Gobierno, que sin duda representan una visión totalmente opuesta de país a la que tienen las FARC?

Es una relación diaria, de personas civilizadas, con una alta comprensión del papel que desempeñan como representantes del Gobierno e insurgencia, quienes han recibido la orden de tratar al adversario en igualdad, equilibrio y humanidad. No hay exabruptos temperamentales ni irrespetos.

¿Qué impacto ha tenido dentro de la estructura de las FARC, la pérdida de líderes históricos como Marulanda, Jojoy y Reyes, que fueron partícipes de otros procesos de negociación?

Ha sabido ser llenado por un equipo de relevo. Ninguno de los voceros tiene menos de 25 años de estar en la vida guerrillera. Lo que dura un militar en llegar a ser casi general es lo que dura un combatiente de las FARC en asumir responsabilidades como las de La Habana. La selección de cuadros y mandos es rigurosa y eso garantiza la línea trazada por los fundadores Marulanda y Arenas. Es natural que al desaparecer ellos, haya un impacto profundo pero no como el que deseaban nuestros enemigos, que hablaron de deserción, retrocesos, y divisiones. Estamos más unidos que nunca.

¿Cuál es la realidad de esa cifra de combatientes de las FARC, ustedes cuántos son?

Eso no lo puede determinar nadie. No somos los 7.000 guerrilleros que dice el Ejército pero tampoco los 25.000 que según Alejandro Eder (director de la Agencia Colombiana para la Integración) tendría que asumir el Gobierno en caso de un acuerdo con las FARC. Es una cifra inflada seguramente con el propósito de obtener más recursos para su oficina. La ONG Arco Iris dice que somos 11.000. Entre todas esas cifras está la realidad material de las FARC.

En este momento de la agenda discuten el álgido tema de los cultivos ilícitos y el narcotráfico. ¿En qué están dispuestas a colaborar las FARC para atacar un fenómeno que ha servido para financiar la guerra?

El narcotráfico no es un compromiso de acabar entre la guerrilla y el Gobierno porque los poderes en el mundo que dan nacimiento al narcotráfico no pueden acabarlos los colombianos. Es el gran capital que llega a Colombia para la producción de los cultivos, es la demanda de más de 20 millones de consumidores norteamericanos, es la farsa de una llamada guerra al narcotráfico que cubre la venta de químicos para acabar con las plantaciones de hoja de coca. Hemos rechazado la pretensión de utilizar a la guerrilla como fuerza de erradicación de hoja de coca. Esos cultivos no son nuestros, sino de comerciantes financiados por capital extranjero que se mueve en el sistema bancario colombiano e internacional. Entonces rechazamos la visión de que el narcotráfico se resuelve atacando los campesinos y los consumidores. ¿Por qué guardan silencio sobre los otros eslabones? Se puede erradicar la última hoja de coca y el fenómeno no va a desaparecer. Tiene que generarse una reforma agraria integral, que le permita al campesino quitarle una hoja de coca y sembrar un producto. Nos comprometimos a esclarecer las grandes verdades que tenemos y que la academia universitaria ha advertido: la política antidroga es errada.

Pero en lo que ustedes reconocen, hay un cobro de un impuesto sobre los cultivos, con lo cual hay un beneficio de ese negocio. ¿Dejarían de cobrarlo?

Ahí mismo donde cobramos impuestos también hay policías y soldados, jueces y políticos, ellos cobran lo suyo. La guerra contra el narcotráfico incrementa los altos precios porque todo se desarrolla en condiciones ilegales. La salida es la legalización de las drogas.

Otro tema que vienen impulsando es una Comisión de la Verdad, para que todos los actores reconozcan sus responsabilidades en la guerra. ¿En ese escenario, que están dispuestos a hacer por las víctimas?

Vamos a exigir que el Estado lo haga porque es el que ha violentado a la sociedad, es el responsable de 300.000 muertes en la primera violencia liberal-conservadora y ahora en el periodo de Uribe, el informe del Grupo de Memoria Histórica habla de 250.000. Quieren hacer a la guerrilla responsable de la violencia en Colombia cuando el principal imputado es el Estado y sus Fuerzas Armadas. Temas como víctimas, mujeres, niños, narcotráfico, pretenden convertir los diálogos de La Habana en un tribunal para acusar y condenar a la guerrilla y adecuar a la opinión pública para que vea a esos bandidos pagando cárcel. Nosotros no vamos a responder por lo que el Estado tiene que responder, ni vamos a hacer reconocimientos unilaterales de victimarios, porque nosotros, como dijo Marulanda, fuimos las primeras víctimas.

Pero han causado otras también...

Eso se ha resuelto por la vía de nuestra estructura legal revolucionaria, tenemos un código de leyes que quien las viola es sancionado. Todos los que infringen las vidas o intereses de los civiles son sometidos a consejos verbales de guerra que incluyen fusilamiento, pero si hablo de eso, la matriz de opinión es que la guerrilla fusila y se le olvida el derecho de las víctimas.

¿Qué lectura hacen de las marchas masivas que se han hecho contra las FARC en Colombia reclamando, por ejemplo, por las víctimas del secuestro?

Esa gente que se moviliza como víctima de la guerrilla, son paramilitares organizados por las Brigadas del Ejército, sectores bien trabajados y financiados. En la estructura de la mesa rechazamos de antemano cualquier imputación que empiece por exigirnos autoincriminarnos. No podemos aceptar que las cargas sean iguales para los que estamos sentados en la mesa: una insurgencia frente a un Estado que tiene las Fuerzas Armadas y recibe la doctrina militar y la plata de EEUU. Más bien dentro de esa lista de victimarios hay que meter a la CIA y esclarecer cuál ha sido su papel como instigadora de tanta violencia.

(*)NEGOCIADOR PLENIPOTENCIARIO DE LAS FARC-EP EN LA HABANA