El portavoz del GIC fue quien abrió la jornada de debate, se refirió a ella como una «oportunidad»: «Aunque sea a través de un policía venido desde París para interrogarme, he tenido la ocasión de explicar en detalle lo que hacemos y lo preocupante de que, en el contexto actual, los estados español y francés no quieran participar en este proceso. Creo que quien me interrogaba comprendió que es una locura que no lo hagan y espero que este mensaje llegue a través suyo a oídos de las autoridades de París y que sirva para que cambien de actitud».

Las explicaciones al respecto del exjefe de la Interpol, Raymond Kendall, cuando tomó la palabra fueron menos sutiles y no exentas de ironía. Dijo estar «recuperado de la traumatizante experiencia», que creía que le habían tomado por «un gilipollas» y que, «francamente, una reacción de este tipo por parte de la Justicia de una nación como Francia es ridícula».

Referencias al capítulo jurídico-policial del viernes aparte, Currin realizó un repaso de los últimos cuatro años. No negó el hecho de que los dos estados sigan empecinados en no participar en el proceso. «Es una realidad pero ello no significa que no haya contínuos esfuerzos para que lo hagan. Comparada con la de hace cuatro años, la situación de hoy es completamente diferente. Deben tenerlo en cuenta y felicitarse por ello», dijo antes de recordar cronológicamente los principales puntos de inflexión: Aiete, decisión de ETA de abandonar la actividad armada, bloqueo, Foro de Baiona, Foros de Gasteiz y Bilbo que culminaron en las recomendaciones del Foro Social para romper el bloqueo de los estados, participación de partidos... Hizo alusión, asimismo, a la manifestación de enero en Bilbo, al principio del desarme y a la implicación del lehendakari Iñigo Urkullu cuando los miembros de la Comisión de Verificación fueron llamados a declarar a la Audiencia Nacional.

Creatividad

La representante de la Fundación Berghof Véronique Dudouet incidió en la importancia de que «la sociedad vasca se apropie el proceso». «Nosotros jugamos un papel de acompañamiento y apoyo, pero no podemos dirigirlo», subrayó.

Calificó las recomendaciones del Foro Social, eje de la jornada de ayer, como «mecanismo particularmente inclusivo que permite la participación activa» de la ciudadanía y aplaudió «la determinación y creatividad» de la sociedad vasca.

La primera mesa redonda versó sobre el contenido de dichas recomendaciones y de los cuatro ejes en los que se estructuran (desarme, reintegración de presos y exiliados, derechos humanos y memoria y reconciliación). Entre las preguntas de la moderadora Emilie Matignon, doctora de Derecho, y las planteadas desde el público, los tres expertos fueron desgranando esos temas de gran calado.

Apoyándose en su experiencia, entre otros, como director de la Comisión independiente internacional para el desarme en Irlanda del Norte, el finlandés Aaro Suonio explicó que un proceso de DDR (desarme, desmoviliación, reinserción) necesita un plan basado en cuatro ejes: independencia, imparcialidad, credibilidad y un marco legal para que pueda operar. «En Irlanda del Norte, los dos gobiernos facilitaron ese marco legal» recordó a este respecto. Subrayó, asimismo, que lo más importante es que el desarme sea «verificado».

La criminóloga Silvia Casale se centró en la reinserción de presos y exiliados y en la justicia transicional. Remarcó que ya existen protocolos y principios aceptados incluso por los dos estados por los que, por ejemplo, «incluso sin hablar de proceso» se pueden realizar avances. «Es el caso del acercamiento de los presos» dijo. Aclaró también que para la «normalización de la vida en la cárcel, todas las restricciones por motivos de seguridad deberían ser revisadas» y las reglas aplicadas «individualmente» y no por «grupos». Definió la etapa de la justicia transicional como un «paso hacia una etapa final que conllevaría la liberación».

El que fuera alto comisariado para los derechos humanos en la ONU, el profesor suizo Pierre Hazan, indicó que «si se quiere crear una situación democrática, no puede haber ni olvido ni impunidad», por lo que no contemplaba un proceso de «amnistía general». Incidió en que la justicia no puede ser «selectiva» sino aplicarse a «todos los responsables de violaciones de derechos humanos».

proceso comenzado

En la segunda mesa redonda se trataron los avances constatados y el«reto» de cómo hacer realidad las recomendaciones, máxime en una situación en la que los dos gobiernos se niegan a participar en el proceso.

Anaiz Funosas de Bake Bidea subrayó las aportaciones efectuadas por el Colectivo de exiliados y por el Colectivo de presos en respuesta a dichas reco- mendaciones, y Kendall constató la «cada vez mayor implicación de los agentes locales». «Los cínicos y escépticos pueden decir lo que quieran, pero la realidad es que el proceso ya ha comenzado», aseguró.

La importancia de la unilateralidad y de la presión de la sociedad civil fue mencionada en varias ocasiones. Con esa combinación, «los dos estados no tendrán más remedio que entrar en el proceso», añadió el miembro del GIC.

También el profesor Jean-Pierre Massias que clausuró la jornada con la síntesis del debate, insistió en la potencialidad de los dos aspectos: «la fuerza de la unilateralidad y la adhesión progresiva de más agentes les obligará a moverse». Citó como ejemplo ilustrativo la evolución del Gobierno de Lakua.