La Guardia Civil practicó interrogatorios ilegales a Asier González antes y después de que este fuese asistido por su abogada de confianza en la comisaría de Tres Cantos. Así lo relató ayer él mismo en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional española Pablo Ruz, quien finalmente le impuso una fianza de 50.000 euros, por lo que quedó en libertad con cargos. El vecino de Santutxu negó toda vinculación con ETA tras ser detenido el martes por el instituto armado, que justificó la operación por la aparición de su nombre en un pendrive supuestamente hallado en un piso que habría sido utilizado por militantes de la organización armada en 2008. «La conclusión es que es un montaje. Han intentado una acusación que no tiene ninguna base y que única y exclusivamente busca detener a una persona», comentó Jone Goirizelaia, abogada de González.

Según relató el arrestado ante el juez, una hora después de que su abogada le asistiese, varios guardias civiles le colocaron un antifaz y le interrogaron. Una actuación que es «ilegal», como señaló Goirizelaia, ya que cualquier detenido solo puede declarar en presencia de su abogado. La letrada recordó que, pese a que el magistrado levantó la incomunicación a las pocas horas del arresto, no se han cumplido las garantías. «El problema sigue siendo el mismo. Si no hay control judicial ni nadie de confianza que esté allí, posibilita que se le hagan preguntas y se le interrogue», remarcó. A la espera de que se levante el secreto de sumario, apuntó a la posibilidad de presentar una denuncia por estas actuaciones.

«Es un montaje»

«Estamos ante un montaje cuyo objetivo no es el de averiguar si alguien ha cometido un delito. Es inaceptable», indicó Goirizelaia, quien señaló que, en caso de que el juez hubiese considerado probables las tesis de la Guardia Civil, podía haber citado a declarar a González, en lugar de permitir la detención.

La irrupción del instituto armado en la herriko taberna de Santutxu también fue cuestionada por la abogada. «No tiene nada que ver con la acusación», resaltó, para calificar el registro como «desproporcionado» y considerar que el «único sentido» que puede tener la operación es «incautarse de material para utilizar posteriormente en otros informes policiales».

En el auto, Ruz mantiene la imputación por «colaboración» y se basa exclusivamente en el contenido del pendrive. La explicación entra en el terreno de la hipótesis cuando sostiene, de forma «indiciaria», que González habría remitido sus datos a ETA para prestar colaboración.